Ramírez : Ningún poder mundial puede cuestionar nacionalización de la Faja
CARACAS, (AFP) – El gobierno de Venezuela tachó de «exabrupto» el dictamen del CIADI, órgano de arbitraje del Banco Mundial, que lo acusó de incumplir la obligación de negociar de «buena fe» la indemnización a la petrolera estadounidense Conoco Philipps tras la expropiación de sus activos en 2007.
«Rechazamos el fallo de que no negociaciones de buena fe (…). En este caso es un exabrupto» del CIADI, dijo en rueda de prensa el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, tras el fallo conocido este miércoles en Washington, donde tiene su sede el Banco Mundial.
«Vamos a pedir esta semana otra audiencia al tribunal porque el tribunal viene pidiendo cosas ajustadas a las pruebas», añadió el también ministro de Petróleo.
Ramírez afirmó que durante la negociación, uno de los puntos consensuados con Conoco fue que el cálculo de una indemnización por pérdidas en ventas debía «tener un tope de hasta 27 dólares por barril».
«Ahora a ver si el tribunal respeta lo que se firmó (como condiciones de indemnización) entre PDVSA y Conoco en aquel momento», expresó Ramírez al sostener que no tiene razón de ser la suma de 10.000 millones de dólares reclamada por la petrolera estadounidense.
Expertos en el mercado petrolero citados por la prensa local señalan que, sobre la base del tope sostenido por Ramírez, la indemnización variaría entre los 2.500 y 3.600 millones de dólares.
Sobre el valor de las acciones, otro de los puntos de la negociación, Chávez había ofrecido pagarlas a precio contable y no el de mercado, pero Conoco Phillips rechazó esa oferta, por lo que acudió al CIADI (Convención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
En su fallo, el CIADI concede en parte razón a la petrolera de que se debió pagar el precio del mercado, pero dejó a una audiencia posterior calcular la eventual indemnización.
Conoco Phillips celebró la decisión, que interpretó como la certificación de que la toma de sus activos fue una «expropiación ilegal».
En 2007, los activos de Conoco Philipps en dos proyectos, en la rica Faja del Orinoco, fueron nacionalizados por el entonces presidente Hugo Chávez, fallecido el pasado 5 de marzo, a fin de que el Estado fuera el propietario mayoritario en las empresas mixtas explotadoras de crudo, hasta entonces controlada por multinacionales.
Venezuela, el país con más demandas en curso ante el CIADI, se retiró del órgano en 2012 tras cuestionar su imparcialidad, pero debe responder por casos abiertos previamente y que corresponden a empresas que exigen indemnizaciones por las nacionalizaciones decretadas por el gobierno de Chávez (1999-2013).
