Dos empresas falsas recibieron $ 84,9 millones del Fondo Chino
El gobierno pagó a 2 empresas fantasma 84,9 millones de dólares pertenecientes al Fondo de Cooperación Chino Venezolano, con la finalidad de comprar tractores y otras máquinas agrícolas. Luego de 10 meses de averiguaciones, los funcionarios del Estado todavía desconocen a manos de quién fue a parar esa fortuna.
El fraude se cometió en junio de 2012 con una falsa operación para adquirir activos para una compañía del Ministerio de Agricultura y Tierras: la empresa socialista CVA Pedro Camejo, cuya función es proporcionar equipos para la mecanización de las labores agrícolas en el campo venezolano, donde no se alcanza a producir la mayoría de los alimentos que se consumen en el país.
El presidente Nicolás Maduro ha puesto la averiguación sobre el fraude –por el cual hay ocho detenidos– como ejemplo de la lucha anticorrupción, pero no ha ofrecido detalles de cómo ocurrió el hecho y de los obstáculos que todavía tienen los investigadores para identificar dónde está el dinero de la República. El Nacional tuvo acceso al expediente penal 00–DLCLDFE-F23-0161-212 que aclara puntos ocultos.
El monto fue desembolsado en dos operaciones autorizadas por María de los Ángeles González, que era vicepresidente de Finanzas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), institución que maneja el fondo conjunto.
El primer pago investigado fue hecho el 5 de junio de 2012 a favor de la sociedad Bismarck Consorcio Trading Corp, por 62,8 millones de dólares. El 25 de septiembre del mismo año hubo otra transferencia irregular a la compañía anónima Kelora, por 22 millones de dólares. Ninguna de esas empresas estaba registrada como proveedora de los programas que serían financiados a través del Plan Bienal del Fondo Chino, por lo que los implicados en el fraude recurrieron a un método: “clonar las carpetas” y presentar ambas empresas como las verdaderas beneficiarias de la transferencia.
La CVA Pedro Camejo solo podía contratar con compañías de países considerados “aliados” del régimen, según se desprende del expediente. En el ámbito de la maquinaria agrícola, la corporación oficial daba preferencia a los proveedores de Argentina. Las carpetas originales beneficiaban a la empresa sureña Pauny SA ,que instaló una ensambladora en Venezuela. Quienes cometieron el fraude tuvieron el cuidado de presentar a Bismarck y Kelora como inscritas en los registros mercantiles argentinos.
La acusación escrita por los fiscales indica que los ocho detenidos y otras personas que hasta el momento no han sido identificadas supuestamente se confabularon para falsificar las órdenes de compra. Las adquisiciones no se hacían por licitación, por lo cual era necesario conocer de antemano cuál sería el beneficiario de las transferencias para suplantar el expediente correcto por los forjados.
Las carpetas originales correspondientes a la empresa Pauny SA –con el contrato firmado el 11 de mayo de 2012 con su representante, José María López– se extraviaron temporalmente del archivo del Fondo Chino, en el piso 23 de la Torre Latino, en Caracas. Allí hay un sistema de videovigilancia, pero no se obtuvo un registro del momento en que se hizo el cambio para beneficiar a Bismarck y Kelora. Después de que se hicieron los pagos irregulares, apareció de nuevo el expediente verdadero sobre una mesa y nadie sabe aún quién lo puso allí.
Las investigaciones han permitido identificar debilidades en los controles con los que se manejan recursos millonarios en Venezuela. Los analistas del fondo, por ejemplo, declararon que recibían las carpetas en forma aleatoria con copias simples.
Ellos se limitaban a cotejar cosas tales como que las adquisiciones se hicieran contra partidas adecuadas y con disponibilidad de dinero. Manifestaron que no tenían contacto con representantes de la CVA Pedro Camejo para verificar que las empresas beneficiarias estuviesen debidamente registradas y fuesen las escogidas para recibir el financiamiento.
Las pesquisas. Durante las averiguaciones, iniciadas el 19 de diciembre de 2012, el Ministerio Público envió rogatorias de información a Argentina, Portugal y Suiza para obtener indicios sobre el destino que tuvo el monto millonario. Al momento de redactar este trabajo los datos solicitados a los países europeos no habían llegado y la incógnita seguía en pie.
Los investigadores solo disponen de los documentos y evidencias en archivos informáticos recabados durante el allanamiento a una quinta de la calle Cagua de San Román, en Caracas –donde residen dos de los ocho implicados hasta ahora– y de una oficina en la torre Diamén de Chuao, también en la capital.
Los datos han permitido avanzar en una hipótesis: que la fortuna defraudada terminó en una cuenta abierta en el Credit Suisse Bank por representantes de la empresa suiza Cavemin, relacionada con una compañía homónima inscrita en Venezuela, destinada a actividades de “mantenimiento industrial”. La información indica que los directores de Cavemin supuestamente manejaban las dos empresas que recibieron los fondos del Bandes y que ordenaron la transferencia a la cuenta de otra firma que luego cerraron.
Hasta el momento permanecen detenidos por el caso seis empleados del Bandes y dos personas vinculadas a Cavemin. Las relacionadas con la compañía son Dubravka Dojc y Lea Dojc. Las imputaron por forjamiento y uso de documento público, peculado doloso propio y asociación para delinquir.
Los ex funcionarios son Pablo José González Hernández, gerente ejecutivo encargado del Fondo Chino; César Rafael Cortissoz Ospino, coordinador legal del Fondo Chino; María Gabriela Dona García, Ángel Daniel Dávila Briceño, ambos analistas legales del fondo, y Roberto Pfeffer Almeida, administrador del Fondo Chino. Les imputan peculado doloso y asociación para delinquir.
Todos fueron acusados el 25 de agosto por los fiscales del Ministerio Público Marvila Araujo, Diszlery Cordero y Eduardo Colmenares, en audiencia efectuada en el juzgado 34º de control de Caracas, a cargo de Dayanhara González. En las primeras de cambio también fue detenido César Augusto Romero, abogado de los Dojc que figuraba en la directiva de Cavemin.
Pero luego le dieron libertad condicionada y no puede salir del país. Igual decisión hubo con María Gabriela Dona, debido a que estaba embarazada para el momento de su detención. Más allá de las aprehensiones, sigue un asunto sin resolver: no hay rastros de adónde fueron a parar 84,9 millones de dólares que debieron emplearse para el campo venezolano.
Información El Nacional
