Buscarán equilibrar el mercado con la importación de vehículos
El mercado automotor ha tocado fondo tras años en los que se conjugaron el desplome del ensamblaje y la restricción de las importaciones.
Entre enero y septiembre de este año apenas se han comercializado 13.419 carros entre los ensamblados en el país y los importados. La cifra supone una caída de 83,6% con respecto al mismo período del año pasado, de acuerdo a las cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez).
En el caso de los importados la contracción es mayor y las cifras muestran el cierre casi total de ese negocio. Entre enero y septiembre de este año sólo se vendieron 254 autos importados para dibujar un declive de 99% con respecto al mismo lapso de 2013, sin incluir las compras públicas.
Ese desplome se explica por la política aplicada por el Ejecutivo nacional. En 2007 el sector tuvo un año récord al comercializar casi 500 mil vehículos, de los cuales 336.365 fueron importados, según Cavenez. Pero a partir de 2008 entró en vigencia la política automotriz y se sometió a las casas automotrices a un régimen de licencias para importar autos.
Aunque esa política buscaba fortalecer la producción y disminuir la presencia en el mercado de los carros ensamblados en el exterior, se tornó en un cierre de las importaciones.
En 2009 el entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, afirmó que «las divisas que tenemos no las podemos quemar comprando carros, tenemos que tenerlas ahí guardadas para comprar alimentos». En el sector se pensó que era una medida provisional ante la caída que en ese momento sufría el ingreso nacional por el descenso en el precio del petróleo, pero se convirtió en una práctica permanente.
La emisión de licencias de importación de carros se limitó a los convenios comerciales que suscribía Venezuela con países aliados como Ecuador, China o Rusia. Allí se beneficiaron algunas marcas con plantas de ensamblaje en esos países, pero poco a poco las importaciones de autos quedaron en manos del Gobierno nacional.
Mientras casas automotrices tradicionales del mercado no recibían licencias, empresas estatales como Suvinca e, incluso, cajas de ahorro de organismos públicos, fueron los entes que concentraron la importación de carros.
Esa política, aunada al declive de las ensambladoras, ha secado el mercado y generó distorsiones, especialmente, en el precio de los automóviles.
Buscando un giro
Esta semana el Ejecutivo nacional emitió una resolución para flexibilizar la importación de vehículos para personas naturales y jurídicas, aunque serán operaciones «sin fines comerciales».
El ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, dijo a El Universal que la medida busca equilibrar el mercado. «El decreto es para reducir los trámites y combatir la especulación de los vehículos, eso es una medida temporal, que dependerá del comportamiento del mercado nacional».
«Si eres particular y tienes tus divisas compras según la norma. No vamos a estar en contra de la producción nacional, se cubren ciertas necesidades mientras se reactiva el sector automotor y combatimos la especulación», agregó.
En el sector automotor realizan una interpretación similar. Explican que la medida confirma que el principal problema del mercado es la «falta de oferta» y que la eventual llegada de carros importados por particulares puede presionar a la baja los precios de los carros usados, que se han disparado en los últimos meses. «Puede tener un efecto de baja en los precios de los vehículos usados», indicó una fuente del sector, que prefirió el anonimato.
Agregó, además, que en el caso de las personas jurídicas, al no tener límite en la cantidad de unidades a importar, puede ocurrir que empresas con necesidades de flota de transporte aprovechen la resolución del Ejecutivo ante la limitada oferta existente en el mercado.
Los datos de Cavenez indican que este año la producción nacional cerrará por debajo de las 20 mil unidades, en el que será el peor año de la industria automotriz, incluso, por debajo de la producción del año del denominado «paro petrolero», o más lejos aún, de la capacidad instalada en el país de 250 mil unidades anuales.
