Agentes del Sebin violan atribuciones legales

Desde que se iniciaron las manifestaciones callejeras en las principales ciudades del país, el 12 de febrero, han sido detenidos y procesados seis funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin. Todos ellos en calidad de autores o coautores de homicidios o uso indebido de arma de fuego. Se trata del cuerpo de seguridad con mayor cantidad de agentes presos.

La cifra podría ser mayor. Según el abogado y docente Héctor Turuhpial, la detención de dos hombres de 20 años y 30 años de edad, respectivamente, en Los Palos Grandes, el viernes 7 de marzo, a manos de por lo menos ocho agentes de la policía política, sin órdenes de captura y en vehículos no identificados, podría ser calificada de “acto delincuencial” por privación ilegítima de libertad.

La Fiscalía, sin embargo, centró su atención en el hecho de que una comisión de Polichacao se enfrentó posteriormente con quienes practicaron estas detenciones, al suponer que se trataba de un secuestro, y mataron a la detective del Sebin, Glidis Karelis Chacón, de 25 años de edad.

Este caso, más los precedentes acumulados desde febrero, hablan de una institución cuyos agentes están dispuestos a omitir las restricciones legales en aras de atacar a los manifestantes u opositores al régimen.

El Sebin fue creado mediante un decreto presidencial de dos páginas, publicado en Gaceta Oficial del 1 de junio de 2010. Heredó las funciones de la extinta Disip. Para Hugo Chávez lo importante era que el nuevo cuerpo asimilara en lo posible la ideología bolivariana, es decir, la defensa del proceso político que él encabezaba.

Turuhpial indica que el Sebin tiene dos grandes áreas de trabajo. La primera, como órgano asesor en la planificación de los proyectos y políticas de seguridad del Estado. La otra es de orden operativo, en materia de investigación al delito organizado, e igualmente para la “detección y neutralización de las amenazas internas o externas a la seguridad de la nación”.

“En un sistema democrático eso estaría muy delimitado. Pero en este régimen la perspectiva está basada en la doctrina de seguridad nacional, que contempla que acontecimientos civiles, sociales, económicos y culturales constituyen fuentes de amenaza”, explicó.

En la práctica, añadió, el Sebin opera “sobre una visión ideologizada de la seguridad, donde todo el que disiente pasa a formar parte de una hipótesis de conflicto”.

Restricciones

El abogado y también profesor de Derecho, Juan Carlos Gutiérrez, afirmó que el Sebin solo debería actuar en dos circunstancias: por comisión o mandato judicial, o cuando sus funcionarios se encuentren ante un delito flagrante.

Ninguna de estas dos condiciones se cumplió durante el procedimiento en Los Palos Grandes. Por eso, señaló Gutiérrez, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, tuvo que argumentar la existencia de una “flagrancia especial”.

¿Hasta dónde puede llegar el Sebin en su trabajo de inteligencia o contrainteligencia, es decir, en la detección y neutralización de las amenazas internas? Gutiérrez responde que se trata de un campo de acción muy restringido. Sus agentes pueden compilar información sobre personas, siempre y cuando no irrumpan en la vida privada. Pero advirtió que ninguno de esos datos puede ser utilizado en el curso de averiguaciones penales.

Expresó que una situación similar se plantea con la Dirección de Contrainteligencia Militar, cuyos agentes incluso actúan en expedientes sobre supuesta corrupción por parte de funcionarios civiles.

Los cooperantes

Turuhpial defendió a un grupo de agentes de la Disip procesados por los sucesos de abril de 2002. Dijo que las operaciones de calle del Sebin son ejecutadas por agentes de la Dirección de Contrainteligencia, basados en datos que aportan miembros de colectivos o informantes, conocidos en el nuevo argot como “patriotas cooperantes”.

“Tienen un número importante de civiles en la calle, que no son funcionarios pero que están protegidos, haciendo seguimiento, marcaje y transmitiendo datos de los líderes estudiantiles. El gobierno se ha propuesto neutralizarlos, para fracturar su movimiento”, advirtió.

Fuera de control

En las organizaciones independientes que trabajan el tema de los derechos humanos ven con preocupación cómo los cuerpos inicialmente dedicados a labores de inteligencia están rebasando sus atribuciones y entrando en el terreno de las privaciones ilegítimas de libertad e incluso de las desapariciones forzadas.

No se trata de una exageración. El 27 de noviembre supuestos funcionarios de Contrainteligencia Militar se llevaron al general de brigada retirado de la GNB Ramón Lozada Saavedra. Nadie informó sobre su paradero hasta el 10 de diciembre, cuando se reportó su aparición en el estado Apure.

Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, y Marino Alvarado, de Provea, consideran que este caso podría ser calificado de desaparición forzada, aún cuando el oficial en retiro haya vuelto con vida a su casa.

Las detenciones de José Rivas y David Urbina en Los Palos Grandes, el 7 de marzo, pudieron derivar en privaciones ilegítimas de libertad, secuestro o desapariciones forzadas, a no ser por la actuación de los agentes de Polichacao, considera Bolívar.

“Estamos caminando por el borde de la línea. Se están violando los estándares para la prevención de la desaparición forzada, porque no se sabe quién ejecuta las detenciones y a dónde se llevan a las personas”, advirtió.

Indicaron que las sospechas sobre desaparición forzada comienzan cuando se tiene noticia de procedimientos como el de Los Palos Grandes (cuyos videos fueron ampliamente difundidos en YouTube) y se pierde la pista de las personas afectadas por más de dos días.

Fuente: EL NACIONAL