Semana crucial en Colombia para el proceso de paz con las FARC
Bogota | AFP | Una semana crucial comienza este lunes para el proceso de paz en Colombia, luego de que el gobierno y las FARC acordaran la liberación de un general y otras cuatro personas en poder de esa guerrilla marxista.
El desenlace de estos operativos condiciona directamente la reanudación de las negociaciones suspendidas hace una semana por el presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país con unos 8.000 combatientes.
La delegación de la guerrilla en Cuba, donde se adelantan los diálogos de paz desde hace dos años, confirmó este lunes en un comunicado que el martes serán liberados dos soldados capturados el 9 de noviembre en el departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela.
La liberación de estos dos soldados fue ofrecida por la guerrilla cuando se comprometió a entregar al brigadier general Rubén Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, retenidos el domingo 16 en el departamento de Chocó (oeste), en la costa del Pacífico.
La captura de Alzate, el oficial de más alto rango en manos de las FARC en 50 años de conflicto armado, fue la gota que derramó el vaso para Santos, provocando la suspensión de las negociaciones.
«Ha sido activado el Acuerdo Humanitario Especial que retornará mañana martes a la libertad a los soldados profesionales Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, desde un lugar de las sabanas del Arauca», dijeron las FARC este lunes desde La Habana.
El Ejército colombiano ya interrumpió sus actividades en esa región, en un procedimiento habitual que permite la liberación de los capturados en condiciones seguras y con la intermediación de una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
– «Destruyó la confianza» –
En un duro mensaje publicado este lunes en el sitio web de las FARC, el jefe máximo de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, criticó la suspensión de los diálogos y aseguró que con esa medida el presidente «destruyó la confianza».
«Las reglas del juego que siempre reclamó (Santos) fueron (…) que nada de lo que ocurriera en los campos de batalla tendría por qué afectar el curso de las conversaciones», recordó Timochenko, quien también advirtió que «las cosas no podrán reanudarse así no más».
Por otra parte, las FARC reprocharon al gobierno «poner en peligro» la entrega del general Alzate al mantener actividades militares en Chocó, una selvática región de acceso particularmente difícil con muchos ríos y arroyos, y casi ninguna carretera.
La delegación en Cuba de la guerrilla denunció «desembarcos de tropas», «bombardeos» y «sobrevuelos de aeronaves de inteligencia» en esa zona del Chocó.
«Mientras esta situación no sea modificada sería improbable tener de regreso a la libertad en la próxima semana al general Alzáte y a sus acompañantes», advirtió.
Sin embargo, el ministerio de Defensa respondió que en Chocó «no se desarrolla ninguna operación de rescate» sino «control militar de área para la protección de los ciudadanos».
«La operación para todas esas liberaciones está a priori en el buen camino. Pero es obvio que cualquier retraso trae un riesgo con la posibilidad de acciones adicionales», comentó a la AFP Ariel Ávila, experto del centro de estudios Nuevo Arco Iris, especializado en el conflicto colombiano.
En Chocó, la situación se ve aún más compleja porque la segunda guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con unos 2.500 rebeldes, decretó un «paro armado».
Esta demostración de fuerza, habitual del ELN en esta remota región, la más pobre de Colombia, se produce en un momento delicado que podría alterar la liberación del general.
La prohibición, que atañe a «las empresas transportadoras por aire, tierra y mar», y «a la demás población», estará vigente el martes y miércoles, indicó la Defensoría del Pueblo, el organismo encargado de velar por los derechos humanos.
Fundadas en los años 1960, las FARC y el ELN son las últimas guerrillas activas en Colombia, donde el conflicto interno ha dejado unos 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados, según cifras oficiales que también incluyen el accionar de paramilitares, agentes del Estado y bandas narcotraficantes.
