ONU: Investigación sobre estudiantes probará respeto de México a DDHH
MÉXICO, 10 octubre 2014 (AFP) – La Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló este viernes que la investigación sobre la desaparición hace dos semanas de 43 estudiantes mexicanos tras un ataque conjunto entre policías y narcotraficantes probará la voluntad del país para respetar los derechos humanos y acabar con la impunidad.
«La investigación del asesinato y la desaparición forzada de estudiantes en Guerrero (sur) representa una prueba crucial para la voluntad y capacidad del Estado mexicano de lidiar con graves violaciones a los derechos humanos», indicó un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU en un comunicado difundido en Ginebra.
Hace una semana, la oficina local de la ONU urgió al Estado mexicano a realizar una búsqueda efectiva de los universitarios y pidió una investigación «seria» sobre unos hechos que colocó entre «los más terribles de los tiempos recientes» en el país.
«Durante años hemos identificado la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas», denunció este jueves la ONU al subrayar que también ha venido resaltado «las deficiencias en la búsqueda e identificación» de las 22.000 personas desaparecidas desde el inicio del combate militar al narco en 2006.
Muchos de los estudiantes de la combativa escuela rural de magisterio de Ayotzinapa fueron vistos por última vez en patrullas de policías de Iguala el pasado 26 de septiembre, después de haber sido atacados conjuntamente por agentes y miembros del cártel local Guerreros Unidos.
Las esperanzas de encontrarlos vivos se redujeron más el jueves con el descubrimiento de cuatro nuevas fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala, que se suman a las cinco halladas el fin de semana.
Algunos de los 34 detenidos por el caso, 26 de los cuales son policías locales, confesaron haber matado al menos a 17 estudiantes y señalaron que los cuerpos de los chicos se encuentran en las fosas, pero la identificación de los cadáveres puede demorarse semanas debido a que los restos están carbonizados.
Las sospechas sobre la responsabilidad del crimen se dirigieron en los últimos días al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, una pareja con nexos con el narcotráfico y que huyó dos días después de los ataques.
«Lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran y, aún menos, en un Estado de Derecho», manifestó la ONU sumándose a las presiones de Estados Unidos, la OEA o ONG como Human Rights Watch.
