Juez de alto tribunal peruano demanda al Estado ante la CIDH
LIMA, (AFP) – Un miembro del Tribunal Constitucional (TC) demandó al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se violaron sus derechos por la acusación constitucional que le interpuso un legislador ante un fallo emitido por la institución, informó el domingo el diario El Comercio.
El magistrado Carlos Mesía dijo en su demanda que el Congreso peruano violó sus derechos como juez al tramitar una acusación constitucional presentada por el legislador oficialista Daniel Abugattás contra él y sus colegas Gerardo Eto y Ernesto Álvarez.
Los tres magistrados del TC habían dictado un fallo que enfrentó al Tribunal con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, un organismo a cargo de nombrar fiscales y jueces) por resolver que se debía destituir a dos fiscales supremas y nombrar en su lugar a otro.
El fallo fue calificado por algunos congresistas como «un golpe a la democracia y a la institucionalidad».
«Sin ningún sustento se afirma temerariamente que la sentencia del Tribunal es obra del (opositor) Partido Aprista Peruano», señala Mesía en la demanda, a la que tuvo acceso El Comercio.
«Los tres magistrados acusados no obedecen ni sienten influencias por algún partido político», señala la demanda, citada por el diario.
La demanda presentada por Mesía ante la CIDH asegura que «se violaron los derechos de garantía de imparcialidad de la autoridad disciplinaria, la independencia de los magistrados y el principio de legalidad».
«Las sentencias del tribunal ni los magistrados que las suscriben pueden ser objeto de control político por el Congreso, pues es una forma de interferir indirectamente en su independencia y autonomía», sostiene el magistrado en la demanda.
Explica que el Congreso «solo lo puede investigar en el caso de que haya cometido un delito en el ejercicio de sus funciones y no por hacer su trabajo al suscribir una sentencia».
El TC es un organismo distinto a la Corte Suprema de Justicia y vela la aplicación de la Constitución. Es integrado por jueces, representantes de colegios profesionales y de universidades votados por el Congreso.
