Gobierno prometió a la ONU tolerancia 0 contra la tortura
Tolerancia cero contra la tortura y los malos tratos. Esto fue lo que el viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, prometió al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, quien aseguró «nunca podríamos caer en lo que criticábamos».
«Si algún funcionario u organismo policial incurre en un acto como este que la ley le caiga, no vamos a ocultar eso», garantizó el funcionario al responder ayer a las decenas de preguntas que la instancia, con sede en Ginebra (Suiza), le formuló a la delegación nacional que participó en la evaluación al país sobre la lucha contra la tortura que se inició el jueves.
Por su parte, la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, informó al Comité que de las 242 denuncias de abusos contra policías y militares que actuaron en las protestas de febrero y junio, «en 125 se han dictado los actos conclusivos resultando en acusación contra 15 funcionarios de seguridad y dos fueron condenados recientemente en Anzoátegui».
Rangel Ávalos, no obstante, defendió la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones, de las cuales dijo «no fueron pacíficas sino violentas» y «lo que querían era tumbar un Gobierno democráticamente electo».
A las criticas por el uso de militares para controlar el orden público y los señalamientos de que un porcentaje considerable de los más de tres mil detenidos fueron amenazados, golpeados y se les mantuvo incomunicados, el funcionario respondió: «¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del orden, las fuerzas policiales con sus equipos antimotines legales».
Berthé, por su parte, negó que en el país haya impunidad, aún cuando las propias cifras del Ministerio Público revelan que el 90% de los casos de violaciones a los Derechos Humanos no terminan ante un juez. «En Venezuela hay toda una estructura de abogados y organizaciones que formulan denuncias, muchas de ellas sin fundamento, con el avieso propósito de construir una imagen negativa de la institucionalidad», explicó.
Verificación internacional
«¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?». Con esa insistencia le solicitaron al Gobierno venezolano que ponga fecha y hora a los relatores de Naciones Unidas para que viajen al país y así constaten in situ la situación de los Derechos Humanos.
La exigencia se la formuló la miembro del Comité, Felice Gaer, quien preguntó: «¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estos mecanismos independientes podrán visitar el país? Todos están esperando autorización para visitar el país».
«Esta propuesta seguirá pendiente, en evaluación», replicó el director de Asuntos Multilaterales e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rubén Molina.
Respuestas de este tipo no sentaron bien entre los miembros del Comité, tres de los cuales se quejaron de que sus interrogantes no fueron respondidas y volvieron a reclamar de la delegación información precisa sobre el hacinamiento carcelario, respecto a las medidas para garantizar que a los detenidos no se le violen sus derechos, sobre las razones por las cuáles militares participan en los planes de seguridad y sobre la independencia judicial.
Pura campaña
Sobre los colectivos Rangel Ávalos dijo que hay una campaña para satanizarlos y explicó que «son simplemente organizaciones sociales que se han reunido en distintas comunidades para llevar acciones culturales, deportivas, recreativas y jornadas médicas». No obstante, reconoció que algunos de sus integrantes podrían estar armados «tales como algunos de la oposición que tienen armas personales».
Por último, el funcionario informó que más de 50 mil armas han sido destruidas.
Fuente:el Universal
