Corte Interamericana reitera a Venezuela que debe reparar a familia perseguida
San José, Costa Rica | AFP. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió una vez más a Venezuela cumplir con la sentencia dictada en 2011 para proteger a una familia de apellido Barrios, la cual han sido ejecutados 10 de sus miembros supuestamente a manos de policías.
«Se trata de la actuación de funcionarios policiales que se ensañaron contra una familia. Está demostrado que cuatro de ellos fueron ejecutados por cuerpos policiales y de los otros hay evidencia que podrían haber seguido el mismo patrón», explicó Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en representación de la familia.
La Corte emitió en 2011 una sentencia donde se exigía una investigación penal en todos los casos, atención médica y psicológica a los demás miembros de la familia, una indemnización económica por los daños y becas para los niños de la familia, pero Quintana asegura que ha habido un «desacato total» de parte del gobierno de Caracas.
«Siempre hemos sido sinceros al decir que el Estado Venezolano le ofreció, en vez de una indemnización en dinero, cinco casas a la familia Barrios para que ellos la utilicen como su vivienda principal», aseguró German Saltrón, agente del Estado venezolano en la audiencia de la CorteIDH.
En la sesión, la corte exigió a Venezuela presentar documentos que respalden la información dada sobre las investigaciones y el establecimiento de un diálogo con la familia Barrios.
Sin embargo, según Quintana «Venezuela dice que no va a cumplir con nada que la corte le ordene en este o en otros casos».
Por su parte, el Estado venezolano argumenta que no puede dar protección total a la familia pues incluye a personas que estarían dedicadas a la actividad criminal, lo cual explicaría algunas de las muertes. Pero Quintana cuestiona el hecho de que no haya ninguna sentencia o denuncia por actos ilícitos contra alguno de los miembros de la familia Barrios.
Los representantes denuncian, además de las ejecuciones, otros incidentes como detenciones extrajudiciales y allanamientos a miembros de esta familia proveniente del estado de Aragua, de donde algunos de ellos se han ido por miedo a las represalias.
Quintana asegura que a pesar de que la situación de los Barrios es emblemática por el número de víctimas, se han identificado al menos 6 casos similares en Venezuela.
«Falta un riguroso control de parte del gobierno venezolano de sus cuerpos de seguridad», consideró el representante de Cejil.
