Artur Mas insiste en el derecho de Cataluña a decidir sobre su futuro
BARCELONA, (AFP) – El presidente de Cataluña defendió este miércoles el derecho de los pueblos a decidir, desoyendo la suspensión judicial de la consulta independentista del domingo, que agrava su pulso con Madrid en lo que algunos constitucionalistas consideran «desobediencia civil».
A cuatro días de esta votación que mantiene en vilo a la sociedad catalana, el presidente nacionalista Artur Mas confirmó su determinación de celebrarla aunque conlleve desobedecer la suspensión decretada el martes por el Tribunal Constitucional y desencadene una crisis entre poder central y Cataluña de una magnitud sin precedentes desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
«Estamos defendiendo un derecho natural, que es el derecho de cualquier pueblo a decidir. Todos los pueblos tienen el derecho de decidir su futuro», declaró Mas, líder de la coalición nacionalista conservadora CiU.
Sin embargo, el gobierno español de Mariano Rajoy no le reconoce tal derecho y defiende que la Constitución española no permite votar sobre la independencia a esta región de 7,5 millones de habitantes y una quinta parte de la riqueza nacional.
Por ello, recurrió primero el referéndum consultivo convocado hace un mes y después la votación simbólica impulsada en su lugar, mediante una impugnación ante el Tribunal Constitucional que implicaba su suspensión cautelar, incluso antes de que los magistrados diriman sobre la cuestión.
Un «abuso de poder» para el ejecutivo catalán, que denunció al gobierno central ante el Tribunal Supremo por atentar contra la libertad ideológica y la libertad de expresión.
Pero en la pugna por defender estos derechos, el gobierno catalán podría caer en la «desobediencia civil», advirtieron varios especialistas consultados por la AFP.
«Si se abren colegios para votar y si los funcionarios colaboran» en la organización pueden cometer desobediencia civil, un delito penal que podría implicar una inhabilitación para la función pública, dice Eduardo Virgala, profesor de derecho constitucional en la Universidad del País Vasco.
«Si siguen adelante eso es desobediencia civil», coincide la jurista constitucional Yolanda Gómez. Ello podría en especial riesgo a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra, dependientes del gobierno regional pero obligados a hacer cumplir la ley.
– «9-N»: fecha histórica –
Pero dado el calibre histórico que está tomando el 9 de noviembre, rebautizado como «9-N», dar marcha atrás implicaría un alto coste político para Mas, cada vez más amenazado por el auge electoral de la formación independentista radical ERC.
Orgullosos de su lengua y su cultura, los catalanes han abrazado progresivamente la causa independentista desde que el Tribunal Constitucional, tras un recurso del Partido Popular de Rajoy, les privó en 2010 del estatus de «nación» reconocido en un estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006.
La crisis económica posterior que empobreció notablemente el país y los múltiples escándalos de corrupción dieron alas al independentismo, reflejado en las masivas manifestaciones de los últimos años y en algunos sondeos que otorgan cerca del 50% de apoyo a esta ideología.
Esto llevó a Mas, antaño nacionalista moderado, a prometer en 2012 la celebración del referéndum que finalmente fue suspendido el pasado 29 de septiembre, solo dos días después de su convocatoria.
En su lugar, el presidente regional impulsó esta votación simbólica organizada por 41.000 voluntarios, sin censo previo ni comisión electoral y coordinada por el ejecutivo catalán.
La pregunta será idéntica a la del escrutinio inicial: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».
«Quedará pendiente que Cataluña pueda hacer un referéndum definitivo», precisó Mas, anunciando que enviará una carta a Rajoy después del domingo para «encontrar soluciones beneficiosas para todos».
Mientras, el gobierno pone todos los medios para conseguir una alta participación habilitando casi 7.000 mesas electorales en 942 de los 947 municipios y permitiendo el voto a los mayores de 16 años y algunos extranjeros.
Además, los votantes podrán firmar una carta presentada este miércoles por los partidos nacionalistas dirigida a las Naciones Unidas y la Comisión Europea reclamándoles interceder para que «la ciudadanía de Cataluña pueda decidir democráticamente su futuro».
Por ello, aunque legalmente tiene derecho a bloquearlo, muchos analistas reclaman a Rajoy apostar por una solución política, que podría pasar por reformar la Constitución como propone la oposición socialista.
Otro aspecto sería la aceptación de esta reforma en Cataluña donde las encuestas muestran un apoyo creciente a los postulados de ERC, que apuesta por declarar la independencia unilateralmente.
