Se pronuncia | Conindustria ante los hechos del 4 de agosto
Nota de Prensa
La Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, ante los recientes acontecimientos ocurridos en el país, manifiesta su preocupación por los hechos violentos suscitados el pasado 4 de agosto, donde se produjo un supuesto atentado contra Nicolás Maduro, y solicita que estas acciones sean investigadas con toda la seriedad del caso pero respetando los debidos procesos establecidos en la Constitución y las leyes.
Asimismo, considera que estos hechos no deben ser utilizados como argumento o excusa para perseguir y criminalizar a representantes de la oposición y/o de la sociedad civil organizada, sin que previamente sean realizadas las investigaciones pertinentes y exhaustivas que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.
Queremos dejar en claro nuestro más absoluto rechazo al uso de la violencia como instrumento para dirimir las diferencias políticas, por lo que instamos a que la investigación en curso sea conducida con seriedad e imparcialidad y, al mismo tiempo, que no se pretenda utilizar tal suceso como instrumento indiscriminado de represión contra los sectores que se oponen al gobierno.
Conindustria ha venido advirtiendo insistentemente que el país requiere con urgencia un cambio político, pues solo así podremos reactivar la actividad económica, recuperar la democracia y las libertades. Y para esto es necesario que el gobierno convoque elecciones limpias y con observación internacional.
Pero acciones como las recientemente tomadas por el gobierno de allanar la inmunidad parlamentaria de dos diputados de la Asamblea, pasando por encima de lo establecido en las leyes de la República, solo contribuye a incrementar la desconfianza, ahuyenta las inversiones, propicia la diáspora y aumenta la pobreza en el país.
En ese sentido, reiteramos que Conindustria elaboró un Plan de Políticas Públicas orientado a reactivar la actividad productiva, lo cual solo será posible con un nuevo gobierno cuya legitimidad y respeto por el estado de Derecho sea capaz de construir la confianza necesaria para poner la economía en marcha.
