Se enreda elección del próximo fiscal de la Corte Penal Internacional
EFE
La elección del próximo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), prevista para esta semana, se retrasa al menos un mes debido a la incapacidad de los Estados Parte para encontrar a un candidato de consenso.
Ninguno de los nueve aspirantes en liza, entre ellos el español Carlos Castresana, ha alcanzado el apoyo suficiente en la Asamblea de los Estados Parte de la CPI, cuya reunión anual culminó este miércoles en Nueva York.
“No es ningún secreto que el multilateralismo está en crisis. La corte no tiene el apoyo que tenía cuando se creó y hoy en día todo es mucho más contencioso que cuando se eligió al primer o a la segunda fiscal”, explica a Efe Mariana Pena, jurista argentina de la ONG “Open Society Justice Initiative” que ha participado en entrevistas públicas con los aspirantes.
El candidato seleccionado tendrá un mandato de nueve años (2021-2030) y en un principio deberá tomar decisiones que tocan los intereses de países como Estados Unidos, Israel y Rusia.
En su agenda estará la investigación de la guerra de Afganistán y, si son aprobadas por los jueces, las pesquisas por la situación en Palestina y por el conflicto del Donbás en Ucrania.
CRÍTICAS A LOS FISCALES ANTECESORES
La actual fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda (2012-2021), fue la mano derecha de su antecesor, Luis Moreno Ocampo (2003-2012).
A ambos se les ha criticado una supuesta falta de eficacia, pues solo consiguieron cuatro condenas en dieciocho años, y que hasta el momento todos los acusados hayan sido africanos. La mayoría de delegaciones diplomáticas apuestan por que el sucesor de Bensouda adquiera un rumbo diferente al seguido hasta ahora.
Decenas de expertos en derecho se presentaron a la vacante abierta y el comité de selección, formado por diplomáticos y expertos en justicia internacional, presentó una lista a finales de junio en la que recomendó elegir entre cuatro candidatos: Morris A. Anyah, de Nigeria; Fergal Gaynor, de Irlanda; Susan Okalany, de Uganda; y Richard Roy, de Canadá.
Una regla no escrita de la Asamblea de Estados Parte de la CPI aboga por la rotación geográfica de los altos cargos del tribunal. La actual fiscal Bensouda es africana, de Gambia, por lo que solo dos de los cuatro candidatos recomendados tendrían, según este principio, posibilidades reales de hacerse con el puesto.
Las delegaciones diplomáticas protestaron por la escasez de opciones, lo que llevó al comité de selección a llamar a cinco aspirantes más, entre ellos al español Carlos Castresana, dejando la lista final en nueve aspirantes.
“Sospechamos que los Estados pusieron el comité para hacer un proceso técnico, pero quizás teniendo en mente quiénes sospechaban que iban a salir elegidos”, advierte Pena, para quien “hay mucho más intervencionismo de los Estados en el día a día de la corte” respecto a cuando se inauguró en 2002.
La CPI es el único tribunal permanente encargado de juzgar a los responsables de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. “La posición del fiscal es la más sensible desde el punto de vista político” explica a Efe el especialista en derecho internacional Thijs Bouwknegt, para quien “siempre va a haber desacuerdos cuando trabajas con más de 120 países”.
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
La Asamblea de Estados Parte de la CPI volverá a reunirse en enero o febrero de forma extraordinaria para intentar acordar un candidato de consenso. Si no es así, cabe la posibilidad de que el nuevo fiscal se elija por mayoría, rompiendo con la tradición marcada hasta ahora.
“Creo que es la única opción disponible. No hay una ninguna provisión para que el mandato de la actual fiscal -que termina en junio de 2021- pueda extenderse”, indica Bouwknegt. “Una segunda posibilidad es que el fiscal adjunto (James Stewart, cuyo cargo se extiende hasta marzo de 2022) se haga con el puesto de manera interina”, añade.
