Se complica el tablero de la guerra y el mercado

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Reporte de energía y petróleo: Los precios del crudo continuarán elevados mientras persista el riesgo de una expansión regional del conflicto entre Israel y Hamás. En Venezuela, la suspensión temporal de las sanciones conduce a dos posibles escenarios. Uno, que llamaremos el Escenario de Aborto Autoritario, y el otro el Escenario de Gestación Democrática. Ambos se diferencian en el cumplimiento o no de los compromisos por parte del régimen y la voluntad de EE.UU. en hacer cumplir la “raya roja”.

Cada semana, en un mundo normal, los analistas revisan las variables que determinan la dinámica del mercado petrolero. Las políticas de los Bancos Centrales, la incertidumbre entre una futura recesión o un “soft landing”, el movimiento de inventarios comerciales de crudo, las dudas sobre la economía china, y el cumplimiento o no de las cuotas de producción de los países de la OPEP+, son algunas de esas variables.

Desde hace dos semanas, cuando el grupo terrorista Hamás atacó de manera sorpresiva y letal a Israel, el mercado ha enfocado su interés en el desarrollo de esa guerra y su potencial ampliación regional, relegando las variables tradicionales a un ruido de fondo o un agente de volatilidad, y asignándole una “prima de guerra” a los precios del petróleo.

La situación es confusa, por decir lo menos. Las amenazas de Irán de cortar suministros a los países que favorezcan a Israel, el fuego cruzado en Altos del Golán entre Israel y Hezbollah, y la intercepción, por parte de un acorazado de EE.UU. en el mar Rojo, de misiles y drones, lanzados desde Yemen por rebeldes hutíes, presuntamente con dirección a Israel, avivan los temores de que el conflicto tome proporciones de una guerra regional.

Sin embargo, el hecho de que Israel no haya desatado un asalto masivo a la Franja de Gaza, la presencia del presidente Joe Biden en Israel acompañado de un fuerte contingente de la Armada de EE.UU. en el Mediterráneo, la visita sorpresa del secretario general de la ONU, António Guterres, a la frontera de Egipto con Gaza, son señales del interés en contener la expansión del conflicto, que pudiera interrumpir la producción de crudo o el transporte fuera del Medio Oriente.

Los EE.UU., en particular, están jugando en todos los tableros de la simultánea geopolítica. Por un lado, despliega una activa diplomacia itinerante entre Israel, Jordania, Egipto y Arabia Saudita, para subrayar el apoyo a Israel y la condena a Hamás. Por el lado militar, su flota sirve de complemento al “domo de acero” israelí, y funciona como fuerza disuasoria para mantener a Irán y su “alter ego” Hezbollah a raya.

EE.UU. también anunció que iniciaría la reposición de volúmenes en su SPR por razones de seguridad energética, aunque no necesariamente a los niveles de precio actuales. En paralelo, la administración Biden flexibilizó, de manera temporal, las sanciones petroleras a Venezuela, una decisión cuyas implicaciones analizaremos en la sección dedicada a Venezuela.

En suma, con los vientos de la guerra como elemento nuevo, aunados a los tradicionales catalizadores del mercado que afectan los precios, y sin ningún cambio real en los suministros y entregas de crudo y productos, los precios se han mantenido a niveles relativamente altos.

Al cierre de los mercados, el viernes 20 de octubre, los crudos marcadores Brent y WTI se cotizaban a 92,16 y 88,08 $/bbl, respectivamente, después de haber sobrepasado los 93 y 90 $/bbl el día anterior, para estos mismos crudos. Precios que son relativamente modestos, dada la situación.

Los precios continuarán elevados mientras persista el riesgo de una expansión regional del conflicto entre Israel y Hamás.

Venezuela

Esperanza y espejismos: El ambiente político económico venezolano se encuentra en un estado de turbulencia generalizado. Lo más inminente es la celebración de las elecciones primarias para escoger el candidato de la oposición este domingo 22. Hay que reconocer la solidez y determinación de la Comisión Nacional de Primaria, que se mantuvo firme en su determinación, a pesar de todos los intentos de sabotaje de ambos extremos del espectro político.

A última hora del domingo 22 de octubre, se supo que las primarias se habían desarrollado exitosamente, con una participación mayor que la mejor expectativa; los conteos preliminares apuntan a una mayoría aplastante para María Corina Machado. Sin embargo, para sorpresa de nadie, el régimen bloqueo el Internet, retrasando el proceso final de escrutinio: una prueba de su talante antidemocrático.

Quizás la noticia más significativa en este complejo ambiente haya sido la firma de un acuerdo entre el régimen y la Plataforma Unitaria Democrática, esbozando una ruta a elecciones libres y verificables, regularización de los candidatos y partidos políticos, y realización de las primarias. También se firmó un acuerdo adicional sobre de protección de activos de la República.

La firma de los acuerdos se realizó en la isla de Barbados el 17 de octubre. Se trata de documentos muy generales, con muchas lagunas que requieren acuerdos adicionales. Lo firmado, en su mayoría, representa solo una promesa de que el régimen acuerda cumplir lo establecido en la Constitución; un reconocimiento tácito de que, hasta la fecha, eso no ha sido el caso.

Tal como se esperaba, el día siguiente a la firma, la administración Biden publicó seis Licencias OFAC que esencialmente suspenden parte de las sanciones económicas, en el sector de hidrocarburos, el sector aurífero y el comercio de los papeles de deuda, entre otras actividades. La continuidad en el tiempo de todas estas licencias se dice estar condicionada al cumplimiento tangible de la intención de los acuerdos firmados, aunque esa condición no está explícita en las licencias.

Posterior a la firma, y como contrapeso a las declaraciones del régimen sobre lo acordado, las autoridades de EE.UU. revelaron un detalle de especial importancia. Se trata de lo que José Ignacio Hernández bautizó como “apéndice Blinken”, un punto de control temprano para asegurar que el proceso mantiene el curso deseado. El propio secretario de Estado, Anthony Blinken, detalló que, antes de noviembre, el régimen debe iniciar la liberación de presos con ciudadanía de EE.UU. y presos políticos, y debe comprometerse a eliminar las inhabilitaciones de candidatos. La intención de la política de EE.UU. parece indicar que, ante un incumplimiento inicial, en noviembre repondrían el proceso de sanciones al estado anterior a los acuerdos.

En lo que concierne al sector de los hidrocarburos, los cambios fundamentales a las sanciones están descritos en la Licencia General 44 (GL44); y en aclaratorias hechas por escrito por parte de la OFAC. Los cambios aparentan ser más amplios de lo esperado, pero su temporalidad y condicionamiento, limitan su impacto.

Particularmente, la Licencia General Nº 44 autoriza por 6 meses, sin extensión automática, lo siguiente:

Producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas de Venezuela.

Pago de facturas de bienes y servicios relacionados con las operaciones del sector.

Nuevas inversiones en operaciones del sector.

Entrega de petróleo y gas a acreedores de Venezuela o PDVSA como parte de pago.

Todo lo anterior en referencia actores que caen bajo la jurisdicción de la nación norteamericana, y que se extiende de manera implícita a las llamadas sanciones secundarias, que limitaban a actores no norteamericanos.

Así mismo, la OFAC aclara en su sitio web que se suspenden las prohibiciones de comercialización de petróleo y gas de Venezuela a EE.UU., así como las prohibiciones de pago de impuestos, regalías, costos, tarifas, dividendos y ganancias relacionadas con operaciones del sector o transacciones que involucren a PDVSA. Esto último, por cierto, pudiera generar un mercado secundario de acciones de las Empresas Mixtas (EM) de producción de crudo, en las que algunos socios B pudieran ofrecer todo o parte de sus acciones a la par de acciones de PDVSA, limitado, por ahora, a mantener mayoría estatal en las EM.

Esta suspensión temporal de las sanciones conduce a dos posibles escenarios. Uno, que llamaremos el Escenario de Aborto Autoritario y el otro el Escenario de Gestación Democrática. Ambos se diferencian en el cumplimiento o no de los compromisos por parte del régimen y la voluntad de EE.UU. en hacer cumplir la “raya roja”.

En el Escenario de Aborto Autoritario, los EE.UU. repondría las sanciones al estado anterior a la firma en Barbados, con una variante apocalíptica, pero poco probable, de también suspender la licencia original de Chevron (GL32). En ese caso, la economía sufriría un retroceso que a su vez empeoraría las ya difíciles condiciones que enfrenta el régimen de cara a una elección presidencial. Bajo esas condiciones, no se puede descartar una posible cancelación de las elecciones o un llamado a unas elecciones adelantadas, con el ventajismo de las inhabilitaciones y una oposición desorientada.

El Escenario de Gestación Democrática, implica que el cumplimiento de los acuerdos se consideró aceptable por parte de EE.UU. y las licencias emitidas el 18 de octubre mantienen su vigencia en el tiempo (incluyendo la GL44), lo cual permitiría una serie de desarrollos en las actividades petroleras que pasamos a detallar a continuación.

Analizaremos los potenciales efectos político-económicos de este proceso, pero primero vamos a pasar revista a la situación actual de la estructura operativa de la industria de los hidrocarburos en el país, en particular las operaciones de producción, con el objeto de establecer una línea base y poder estimar la capacidad de reacción en el escenario optimista.

Venezuela actualmente produce alrededor de 740 Mbpd de crudo, de los cuales aproximadamente 360 Mbpd son producidos por Empresas Mixtas (EM), y el resto proviene de los campos de PDVSA, aunque algunos de estos están operados por contratistas.

Producto del proceso de migración de los contratos de la Apertura Petrolera de los años noventa, y de la repartición de la Faja del Orinoco en múltiples EM, en el proceso denominado Magna Reserva se formaron casi 50 EM en las cuencas sedimentarias del país, todas con mayoría accionaria del Estado. De este gran abanico de empresas, y luego de un proceso de expropiación, renuncias, abandono y liquidación por atrición, solo quedan 16 empresas, de las cuales 2 no tienen producción y 5 producen 3.000 bpd de crudo o menos.

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