Santos tendrá que declarar en la Corte Suprema por caso Odebrecht
EFE
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá que rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia dentro de las investigaciones que hace el tribunal por los sobornos pagados por Odebrecht a varios senadores, entre ellos al detenido Bernardo Elías Náder, del oficialista Partido de la U.
La Corte aceptó la petición de la defensa del parlamentario que consideró fundamental la declaración de Santos y varios de sus ministros y exministros que firmaron un documento Conpes en que se autorizó el otrosí del contrato de la Ruta del Sol II para la mejora de la vía Ocaña-Gamarra.
El Conpes, órgano en el que tienen asiento catorce altos cargos del Estado, entre ellos el presidente, que lo encabeza, es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país.
Luego de que se conociera la determinación de la Corte, el Gobierno colombiano a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el jefe de Estado y su gabinete atenderán la citación.
«El Gobierno atenderá los requerimientos de la Justicia», dijo Rivera, quien recordó que «este ha sido un Gobierno que se ha caracterizado por ser respetuoso de la administración de justicia y como en todos los casos está presto a dar respuesta a lo que la justicia requiera».
Una fuente de la Corte dijo a Efe que la declaración del presidente Santos no será presencial y que le enviarán un cuestionario para que lo responda.
En el proceso también declararán los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Agricultura, Aurelio Iragorri, y la canciller, María Ángela Holguín.
Igualmente, lo hará el exvicepresidente y compañero de fórmula de Santos en las últimas elecciones, Germán Vargas Lleras, así como los exministros de Interior Juan Fernando Cristo, de Defensa Juan Carlos Pinzón, de Minas Tomás González y de Educación Gina Parody, entre otros.
«Ñoño» Elías, como es conocido el senador, fue capturado ayer en Bogotá por orden de la Corte Suprema por su presunta participación en el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht.
El político debe declarar ante la Corte por la posible comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, lavado de activos, tráfico de influencias e interés ilícito en la celebración de contratos.
Las pruebas enviadas a la Corte Suprema de Justicia indican que el grupo político de «Ñoño» Elías supuestamente recibió cerca de 17.000 millones de pesos (unos 5,6 millones de dólares) provenientes de las coimas relacionadas con contratos de la constructora.
El mes pasado la Fiscalía colombiana envió a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Elías y también a los senadores Musa Besaile, Plinio Olano y Antonio Guerra de la Espriella, «quienes han sido mencionados en las diligencias surtidas de la indagación como presuntos beneficiarios de estos pagos».
En Colombia por el caso de Odebrecht han sido detenidos el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, el exsenador Otto Bula y el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Juan Sebastián Correa, además de varios empresarios.
La primera condena por el caso Odebrecht en Colombia fue de siete años contra el empresario Enrique Ghisays Manzur por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá, Ghisays prestó sus cuentas bancarias para el ingreso de 6,5 millones de dólares pagados por Odebrecht para garantizar la entrega de contratos viales en la carretera Ruta del Sol II, que comunica el centro con el norte del país.
En el caso concreto de esta carretera se investiga una adición que se hizo al contrato de Odebrecht para ampliar la vía transversal entre las localidades de Ocaña y Gamarra, al parecer sin cumplir los requisitos legales.
La Fiscalía asegura que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares (unos 21.550 millones de pesos de la época), como indicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en diciembre del año pasado.
