El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal guerrilla del país, negocian desde noviembre de 2012 en La Habana para poner fin a más de 50 años de conflicto, sin una tregua en el terreno, porque Santos considera que los rebeldes podrían usarla para fortalecerse.
En un acto desde el presidencial Palacio de Nariño, Santos deploró los recientes atentados atribuidos por las autoridades a las FARC, pero que ese grupo armado no ha reivindicado.
«Uno se pregunta, ¿qué utilidad militar o de otra índole puede traer derramar petróleo para contaminar nuestras fuentes de agua o dejar sin energía a poblaciones pobres? Esa no es la vía, ese no es el camino para lograr la reconciliación y para hacer la paz», dijo.
«Señores de las FARC, esta forma de demostrarle a los colombianos que quieren la paz, a través de ataques como los de ayer (lunes) en el Putumayo no tienen ningún sentido, no tienen ninguna racionalidad», añadió.
En sus declaraciones, Santos se refirió a una acción en la que supuestos guerrilleros de las FARC obligaron a conductores de 19 camiones a derramar unos 200.000 galones de crudo en una zona petrolera del departamento de Putumayo (suroeste), fronterizo con Ecuador y Perú.
Este ataque se suma a los realizados en la última semana contra torres eléctricas en el Pacífico colombiano, que dejaron sin luz por varios días al puerto de Buenaventura y al municipio de Tumaco (suroeste).
Además, este fin de semana una explosión afectó el suministro de agua potable en el municipio de Algeciras, departamento de Huila, también en el suroeste.
Todos estos ataques se produjeron luego de que la guerrilla suspendiera hace poco más de dos semanas el cese al fuego unilateral que mantenía desde diciembre.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo divulgado este martes, se registraron «por lo menos 20 acciones de las FARC con consecuencias directas para la población civil desde cuando se suspendió el cese al fuego», lo que el organismo considera una «abierta violación al Derecho Internacional Humanitario».
Con el objetivo de evitar que las FARC sigan realizando ataques que afecten a civiles, la Defensoría pidió ayuda a los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, que según el organismo «podrían jugar un papel preponderante» para disuadir a la guerrilla.
El conflicto armado colombiano, en el que han participado además otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas militares, ha dejado al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
