Runrunes: ¿Cómo la falta de gestión de riesgo climático vulnera los DDHH en Venezuela?
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Junio del 2023 reforzó el inicio de condiciones de El Niño y de una nueva temporada adelantada de huracanes en el Mar Caribe, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Las instituciones norteamericanas esperan alrededor de 13 tormentas tropicales. Pero la comunidad académica internacional advierte que la frecuencia de periodos de El Niño —y su contraparte, La Niña— más intensos y su influencia en fenómenos meteorológicos extremos es cada vez mayor desde 1960.
«Se espera que en los próximos meses se instaure un episodio de El Niño, que ejerce un efecto de calentamiento. Sumado al cambio climático causado por las actividades humanas, elevará las temperaturas mundiales hasta límites desconocidos», dijo en un comunicado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas. «Esto tendrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medioambiente. Tenemos que estar preparados».
Frente a la Emergencia Humanitaria Compleja, el gobierno venezolano se excusa de pedir apoyos económicos y técnicos para prevenir futuros desastres socioambientales relacionados al clima bajo la premisa de que las sanciones norteamericanas y europeas a figuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no permite crear gestionar proyectos humanitarios.
Hasta el momento, solo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología publicó en Instagram una señal de alerta en las costas del país frente a la nueva tormenta Bret. Ninguna institución pública ha informado sobre los protocolos de mitigación y prevención frente a un posible periodo de El Niño que se prolongue hasta el 2024.
Runrun.es detalla cómo el Estado venezolano es el principal responsable de vulnerar los Derechos Humanos en un contexto socioambiental cada vez más frecuentes.
No informa sus balances de gestión
Venezuela es uno de los países que firmó y ratificó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, un convenio de las Naciones Unidas que compromete a los Estados a mitigar las pérdidas humanas y garantizar los Derechos Humanos en casos de emergencia a través de información pública y cooperación internacional. Dentro de los desastres que menciona la ONU están los aludes torrenciales, las sequías, los derrames petroleros, entre otros.
Sin embargo, Venezuela y Bolivia son los únicos países de América del Sur que no tienen información disponible para las Naciones Unidas sobre sus avances en el registro de lluvias y la gestión de riesgos climáticos.
«En las últimas dos décadas hemos visto empeorar la capacidad de gestión del Estado venezolano en todos los asuntos ambientales», dijo Antonio De Lisio, investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela (Cenamb – UCV) y coordinador de la ONG Alianza para la Acción Climática Venezuela.
«Estamos en una situación realmente de mayor vulnerabilidad. No creo que las instituciones públicas venezolanas estén preparadas para hacer pronósticos ni para evaluar la intensidad de la amenaza que representa este nuevo ciclo de El Niño, cuánto exactamente va a ser el déficit de las lluvias».
Niega las asesorías multilaterales
Para el director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV (CPyDDHH – UCV), Juan Carlos Barreto, la arista más significativa en la gestión de riesgos en Venezuela es la falta de cooperación del gabinete de Nicolás Maduro con las instituciones sobre Derechos Humanos.
«La Relatoría sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da muchas recomendaciones a los Estados que están basadas en todas las experiencias de América Latina. El Estado no reconoce ni las recomendaciones ni el acompañamiento técnico que pueden dar estos organismos de derechos humanos regionales».
La información es la primera base para la prevención. «Y la población está en un total desconocimiento sobre el tema. El estado no brinda ese acompañamiento con políticas informativas ni educativas sobre el fenómeno que advierta y prevenga a la sociedad sobre sus vulnerabilidades, sobre todo cuando estos fenómenos involucran varios derechos humanos» como el acceso al agua, a la alimentación y a la salud.
«La mayoría de las estrategias de mitigación de riesgo son reactivas, no preventivas. Se ven cuando ya el desastre causó el daño, y no al mitigar sus daños prevenibles», acotó De Lisio. «Cuando el Estado reconoce su vulnerabilidad, pero no invierte en instalar o mantener los embalses, centros termoeléctricos y estaciones pluviométricas que han prometido desde el año 2008, tiene clara su responsabilidad».
No mide su impacto socioambiental
El 17 de junio se conmemoró el día internacional contra la desertificación y la sequía. Nicolás Maduro, gobernante venezolano, dijo en sus redes sociales que se debe revertir el fenómeno de la desertificación al «sumar voluntades para combatir el consumismo y la explotación desmedida de los recursos naturales».
Pero una cosa es lo que dice su cuenta de Twitter y otra los registros de la minería y la gestión de riesgos frente a la deforestación —la pérdida de tierra fértil para el cultivo— y a la aridez en Venezuela.
Solo con el Arco Minero del Orinoco abarca 111 843,70 km² —es decir, 12,2 % del territorio venezolano—. Además, un equipo de periodistas de Armando.info detectó 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas que despoja de cobertura vegetal al país. Además de otros puntos de minería en estados occidentales como el Zulia y Lara.
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