Rosario Murillo ordenó responder protestas «con todo», según exfuncionaria
EFE
Una exalto cargo del Banco Central de Nicaragua, Ligia Gómez, afirmó ante el Congreso de Estados Unidos que la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo fue quien ordenó responder «con todo» a las protestas callejeras contra el Gobierno de Daniel Ortega, según su testimonio divulgado en las últimas horas por la prensa local.
Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas y exsecretaria política del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Banco Central, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos «Tom Lantos» del Congreso de Estados Unidos en una audiencia denominada «Evolución de la crisis de los derechos humanos en Nicaragua» el pasado 27 de septiembre.
En su testimonio, que reproduce este lunes el diario digital nicaragüense Confidencial, la exempleada pública sostuvo que la orden de reprimir las manifestaciones antigubernamentales fue dada por Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, a través de Fidel Moreno, uno de sus allegados.
«El 19 de abril, todos los secretarios políticos, los coordinadores de la Juventud Sandinista y los secretarios de los sindicatos fuimos convocados en el auditorio del parque japonés», según el relato que ofreció Gómez ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de EE.UU.
«En la entrada, los funcionarios escanearon las identificaciones de todos los participantes y Fidel Moreno prohibió que las personas grabaran la reunión, todos guardamos los teléfonos celulares», continuó.
«El propósito de la reunión fue organizar la respuesta a las protestas callejeras. Moreno tenía un mensaje claro: Debemos defender la revolución, vamos con todo, no les permitiremos que nos roben la revolución», añadió.
Según Gómez, «eso significaba que todas las formas de represión serían implementadas».
Moreno es el secretario general de la Alcaldía de Managua, hombre de confianza de la pareja presidencial, ha actuado como líder de la Juventud Sandinista, y es a quien Estados Unidos impuso sanciones, junto a Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y consuegro del presidente nicaragüense; y Francisco López, vicepresidente de la petrolera Albanisa.
En su testimonio, la exfuncionaria explicó que la crisis que vive Nicaragua «no es un golpe suave contra el FSLN orquestado por la derecha».
«El problema es que vivimos bajo una dictadura que mata, encarcela y exilia a quienes se manifiestan en contra», señaló Gómez, para quien su «testimonio es relevante porque, al haber sido empleada del gobierno y por haber tenido un cargo político, puedo explicar cómo funciona el aparato del gobierno para perpetuar el régimen de Ortega».
Gómez dejó de trabajar en el Banco Central hasta el 17 de julio, tres meses después de iniciadas las protestas, cuando le cancelaron su contrato como gerente de la División de Investigación Económica.
Tras dejar esa institución, según su relato, comenzó a recibir amenazas de muerte a través de mensajes de correo electrónico, de teléfono móvil y en redes sociales, «llamándome traidora e infiltrada», lo cual generó miedo en su familia y optó por irse de visita a Estados Unidos «hasta que la situación en Nicaragua mejore».
Explicó que decidió compartir su testimonio al Confidencial, diario que es propiedad de Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), «para crear conciencia sobre la crisis nicaragüense, que se ha convertido no solo en una crisis política, sino también en una crisis humanitaria».
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, desde el pasado 18 de abril, y un saldo de entre 325 y 535 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
