Rosario Murillo: «El golpismo criminal no volverá a asolar Nicaragua»
EFE
La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo este martes que «el golpismo criminal», a como el Ejecutivo se refiere a sus detractores, «no volverá a asolar Nicaragua» que se encuentra inmersa en una crisis desde hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.
Murillo, esposa del presidente, Daniel Ortega, recordó a través de medios oficiales que hace un año la teniente de la Policía Nacional Zaira Julissa López fue asesinada durante el desmantelamiento de barricadas instalados por grupos opositores como una forma de protestar contra el Gobierno.
El desmantelamiento de barricadas, que la oposición denominó «Operación Limpieza», consistió en derribar los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de policías y civiles encapuchados armados, que se movilizaban a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armados.
Murillo señaló que la oficial «cayó en cumplimiento de su deber en Nagarote», un municipio ubicado a 41 kilómetros al noroeste de Managua, «tratando de poner orden en los tranques de la muerte».
Entre mayo y julio de 2018, opositores nicaragüenses bloquearon vías que impedían el tráfico de vehículos y, según el Gobierno, allí se torturaba y maltrataba a sandinistas y a trabajadores del Estado, y en algunos casos se asesinaban.
«Ese golpismo criminal no volverá a asolar esta Nicaragua de amor potente, de paz y bien, de fraternidad cristiana», sostuvo la dignataria.
«Aquí no prevalece, aquí no reina el odio, aquí reina el amor, y el amor es más fuerte que el odio. Y no pudieron, ni podrán», agregó.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega.
