Rocío San Miguel: Sería un «error» abandonar el espacio de la CIJ
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Para Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, la pregunta número tres del referendo por el Esequibo induce a señalar que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“Cosa que es falsa porque de hecho el gobierno venezolano asistió a dos audiencias en la Corte Internacional de Justicia, audiencia en la que no fue bien preparado ni con una estrategia jurídica clara”, dijo.
La pregunta tres del referendo por el Esequibo plantea a la población venezolana: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
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San Miguel aclaró que el propio Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 establece que tanto Guyana como Venezuela se acogen a los previsto en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas que establece que para toda controversia se buscará solución a través de diálogo y la negociación.
“Esta pregunta número 3 solo lleva la intención de que abandone el gobierno la querella de la Corte Penal de Justicia, lo cual sería gravísimo para el país”, agregó San Miguel.
En ese mismo sentido, consideró que el referéndum está diseñado con la intención de arroparse de la voluntad de los venezolanos para abandonar la Corte Penal de Justicia.
¿Qué pasa si Venezuela abandona la CIJ?
Rocío San Miguel, también activista por los derechos humanos, señaló que Venezuela quedaría indefensa si el madurismo se priva de presentar los alegatos históricos, los documentos que demuestran que el territorio Esequibo pertenece a Venezuela, de presentar pruebas y de poder interactuar durante el tiempo que dura el juicio, que sería entre tres a cuatro años.
“Después de que Venezuela no haya presentado pruebas, no haya ido a las audiencias, no haya argumentado sus alegatos en los juicios sobre el territorio del Esequibo, se va a producir una sentencia y allí viene lo más grave: aún desconociendo nosotros o el gobierno la jurisdicción de la Corte, será obligatorio para los venezolanos”, advirtió San Miguel.
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