Rigoberta Menchú exige «liberación inmediata» de líder indígena guatemalteco
EFE
La líder indígena guatemalteca y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, exigió este viernes la «liberación inmediata» de su «compañero maya» Francisco Lucas Pedro, detenido el pasado 21 de diciembre bajo diversos cargos, incluido terrorismo.
«Exijo la liberación inmediata de Francisco Lucas, compañero maya q’anjob’al, defensor de los derechos humanos y periodista», expuso Menchú a través de sus redes sociales.
Lucas Pedro fue arrestado el 21 de diciembre por «allanamiento, coacción y amenazas, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, terrorismo y secuestro, detenciones ilegales y atentado contra la seguridad», de acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC).
La detención se registró en el departamento de Huehuetenango, 300 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, y el pasado jueves fue trasladado a la capital del país para ser escuchado por un juzgado de alto riesgo.
Lucas Pedro tiene 40 años, es perito contador y forma parte del equipo de periodistas y corresponsales del medio alternativo Prensa Comunitaria, de acuerdo a información divulgada por el mismo medio.
Es, además, «defensor del agua» y dirigente de la resistencia en Barillas (poblado guatemalteco)» que «logró hasta la fecha que el proyecto hidroeléctrico de la empresa Ecoener Hidralia S.A. se detuviera», aseveró Prensa Comunitaria.
La compañía española Ecoener Hidralia se estableció en Guatemala hace casi quince años mediante su subsidaria, Hidro Santa Cruz, para ejecutar un proyecto hidroeléctrico en Huehuetenango avalado por el Gobierno de Guatemala. Sin embargo, ante el rechazo de poblados indígenas aledaños, decidió suspender sus operaciones en 2016 y abandonar Guatemala.
«¡Otro caso emblemático de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos por el Ministerio Público!», añadió Menchú Tum, premio Nobel de la Paz en 1992.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) elaboraron un informe en conjunto este año en el que detectaron un total de 106 detenciones entre 2017 y 2019 en las que existió «criminalización».
De acuerdo al documento, los principales delitos utilizados para «criminalizar a personas defensoras de derechos humanos» fueron hurto de fluidos eléctricos, instigación a delinquir, usurpación agravada y asociación ilícita.
