Retroceso en DDHH amenaza a El Salvador con propuesta de ley de «impunidad»
EFE
El Salvador sufrirá un serio retroceso en materia de derechos humanos si prospera una iniciativa legislativa de Reconciliación Nacional, que avanza en el Parlamento y que «garantiza la impunidad» de los crímenes perpetrados durante el conflicto armado (1980-1992), alertó este miércoles el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil).
«La Ley de Reconciliación Nacional que se pretende aprobar esta semana son retrocesos serios. No sólo revictimizan a quienes necesitan esclarecer lo sucedido, como parte de su reparación, sino que alimentan la impunidad en un país en donde no ha habido una sola persona sancionada por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado».
Así lo expresó este miércoles a Efe la directora jurídica de Cejil, Gisela De León, una abogada especialista en derecho internacional que ha acompañado ante el Sistema Interamericano todo el proceso del caso «El Mozote», donde el Ejército salvadoreño ejecutó a unos 1.000 campesinos en 1981.
«El Mozote» es uno los procesos penales reabiertos tras la sentencia de 2016 de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General.
Esa ley ya abolida, recalcó el Cejil en una declaración pública, «impidió durante décadas el acceso de las víctimas a la justicia, verdad y reparación de las graves violaciones a derechos humanos sufridas» durante el conflicto armado.
Al anular la Ley de Amnistía General, el máximo tribunal ordenó en 2016 que se «adoptara legislación relativa al acceso a información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y la provisión de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la verdad y la justicia», citó el Cejil, un organismo fundado en 1991.
Desde la semana pasada, explicó, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador «se encuentra elaborando una propuesta normativa con el supuesto fin de cumplir con lo ordenado en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia», en un proceso marcado por «premura y la falta de transparencia».
Los únicos documentos «hechos públicos hasta el momento que se están utilizando como insumos en la elaboración de la ley, incluyen una propuesta que es clara en sus objetivos: garantizar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado y obstaculizar, una vez más, la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas y la sociedad salvadoreña en su conjunto», denunció el Centro.
«Llamamos la atención sobre la inclusión de disposiciones en la ley en discusión que pretenden sustituir las penas de prisión por medidas de trabajo comunitario y la exclusión de casos para ser investigados y juzgados», indicó el organismo defensor de los derechos humanos.
Ese tipo de disposiciones, añadió, «puede poner en riesgo el efectivo acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos del conflicto».
La propuesta que está discutiendo la Asamblea Legislativa contiene indicaciones que «comprometen las obligaciones de El Salvador emanadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», y de ser aprobada el país «incumpliría una de las medidas dispuestas» por tribunal internacional «en su sentencia por las masacres de El Mozote».
«Desde Cejil hemos acompañado la lucha histórica de más de 1.000 personas que, pese a los años, no han desistido en su búsqueda por la verdad y la justicia. El Salvador está en deuda con ellas y la sociedad en su conjunto», dijo a Efe la abogada De León.
