Repudio mundial al «vil asesinato» de periodistas ecuatorianos en cautiverio
EFE
Gobiernos, organizaciones y sindicatos de periodistas de toda Iberoamérica recibieron con repudio y dolor la confirmación del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, que fue secuestrado el 26 de marzo en la frontera con Colombia.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó hoy el asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados por el grupo Oliver Sinisterra, liderado por el disidente de las FARC Walter Patricio Arizala, alias «Guacho», por quien ofreció una recompensa de 100.000 dólares.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó de «crimen atroz» el asesinato del equipo periodístico y ofreció toda la colaboración que sea necesaria para «hacer caer» a los autores.
Los representaciones de Naciones Unidas en Colombia y Ecuador rechazaron la muerte y aseguraron que «actos de lesa humanidad» como este «son inaceptables» y «representan una grave amenaza para la estabilidad de la región fronteriza e impiden el avance hacia una paz completa».
La embajada de EE.UU. en Ecuador repudió el asesinato y dijo estar «profundamente entristecida por la muerte» de los periodistas, además de ofrecer su ayuda para combatir a grupos criminales trasnacionales.
Argentina hizo llegar sus «sentidas condolencias y profunda solidaridad al Gobierno y al pueblo del Ecuador, así como a los familiares de los periodistas».
Bolivia espera que «pronto se esclarezcan estas acciones criminales» que condujeron a la «lamentable» muerte de los comunicadores y manifestó su solidaridad con todas las familias.
Venezuela lamentó la muerte y rechazó el uso de la violencia con objetivos políticos, por lo que reiteró «su disposición de continuar colaborando en todo aquello que sea necesario para prevenir estas acciones que tanto dolor causan».
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, expresó su solidaridad con Moreno por el «terrible» asesinato de los periodistas y ofreció su apoyo «al pueblo de Ecuador ante estas difíciles circunstancias».
Panamá condenó el asesinato e hizo un llamado por «redoblar» la lucha en la región «contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales», flagelos que afectan la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.
Costa Rica censuró el crimen y expresó su rechazo a «la censura o violencia contra los medios de comunicación».
El Gobierno Nicaragüense calificó de «trágicas y dolorosas» las circunstancias de la muerte de los comunicadores y envió su «mensaje de solidaridad, de cariño, de acompañamiento» al pueblo ecuatoriano.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, señaló que «como experiodista, esta clase de cobarde ataque de profesionales haciendo su trabajo y sirviendo al interés público» le es «muy próximo».
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió a Ecuador y Colombia investigar y enjuiciar a los responsables del asesinato de los tres colegas ecuatorianos.
España se sumó a las voces de «más rotunda condena» por este acto, que calificó de «criminal e infame», y trasladó sus «sentidas condolencias» a los familiares, allegados, compañeros de trabajo y al Gobierno y pueblo ecuatoriano.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el «cobarde asesinato», al asegurar que los tres trabajadores y «el periodismo de toda América han sido ultrajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido de la región».
En su reunión de medio año, que celebra en Medellín (Colombia), el presidente de la SIP y del diario peruano La República, Gustavo Mohme, consideró entre aplausos y a nombre de la organización al periodista Ortega, de 36 años; el fotógrafo Rivas, de 45, y el conductor Segarra, de 60, como «mártires del periodismo».
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) rechazó el hecho y aseguró a Efe que no habían registrado «jamás en Ecuador un hecho así».
El Sindicato de Periodistas de Panamá criticó el hecho y lo consideró una inacción de los Gobiernos de Ecuador y Colombia para preservar la vida del equipo periodístico.
El director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, expresó su «enfático repudio» al asesinato e instó a los presidentes de Ecuador y Colombia a «redoblar todos sus esfuerzos» para «asegurar que estos delitos sean investigados, procesados y castigados ejemplarmente».
