Renuncia la jefa de la Policía de Nicaragua tras críticas por dura represión
El País
Mientras los nicaragüenses siguen contando los muertos de la violencia desatada hace una semana en este país —cuando iniciaron las protestas contra una reforma al Seguro Social impuesta por el presidente Daniel Ortega—, la noche del viernes se anunció la sorpresiva dimisión de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. La jefa policial había sido asediada por las críticas en el manejo de la crisis y la represión ordenada contra miles de manifestantes que exigen el fin del régimen de Ortega.
Granera se mantenía en su cargo desde 2006. En sus 12 años al mando de la Policía Nacional de Nicaragua se le ha señalado por corrupción, uso excesivo de la fuerza y complicidad en la entrega del control total de la institución al presidente Ortega, a quien ella llamó «líder supremo de la Policía». Investigaciones de medios independientes revelan que durante su mandato creció el patrimonio personal de la ahora exjefa policial, que pasó de vivir en una casa de clase media en la capital, a contar con varias propiedades de lujo en el país. Ella forma parte de lo que en Nicaragua se conoce como la «burguesía orteguista».
Granera es originaria de León, ciudad colonial del oeste de Nicaragua. En su juventud estuvo en el noviciado, pero en la década del setenta, en pleno hervor revolucionario contra la dictadura de la familia Somoza, Granera cambió el hábito y la entrega a Dios, por el acompañamiento a los jóvenes que pretendían derrocar la dictadura.
Con el triunfo de esa revolución comenzó el ascenso de Granera dentro de la burocracia del país. Empezó en las filas del Ministerio del Interior, fundado por el fallecido comandante Tomás Borge. Después, con la caída del sandinismo en 1990, formó parte de la nueva Policía Nacional de Nicaragua, un organismo que aspiraba a dejar sus raíces partidarias y de control del Frente Sandinista para convertirse en una institución profesional. Granera ascendió dentro de la institución con una hoja intachable, hasta que el 5 de septiembre de 2006 el entonces presidente Enrique Bolaños —un político de credenciales conservadoras— la nombró jefa de la Policía.
Granera se ganó el respeto de la población y las encuestas le daban una opinión favorable superior al 80%. La Policía también era respetada por su profesionalismo, hasta que Ortega, a golpe de decretos, se hizo con el control total de la institución y sometió a su obediencia a la jefatura. Comenzó entonces una descomposición que se tradujo en graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, represión e intimidación y persecución contra críticos del régimen.
