Renuncia el director de Inmigración de EEUU tras dos semanas en el cargo
EFE
El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), Jonathan Fahey, se sumó al éxodo de funcionarios del Gobierno de Donald Trump, al renunciar solo dos semanas después de asumir el cargo tras la renuncia de Tony Pham.
Fahey, que no dio explicaciones de su decisión, informó en un correo electrónico distribuido a los empleados del ICE que el miércoles era su último día en el puesto, informaron este jueves los medios locales.
La abrupta salida de Fahey se produce semanas después de la de Pham, que había estado al frente del ICE desde agosto pasado.
Un portavoz del ICE, una agencia que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo a la cadena de televisión CNN que Tae Johnson, el subdirector de la agencia, queda a cargo mientras el país se prepara para la investidura del demócrata Joe Biden como nuevo presidente, el próximo 20 de enero.
El secretario interino de DHS, Chad Wolf, anunció esta semana su dimisión del cargo, que ocupó durante 14 meses, y en su renuncia citó los litigios judiciales que cuestionan la validez de su designación.
El ICE, una de las agencias con responsabilidad en la aplicación de la política migratoria, ha tenido seis directores desde que Trump llegó a la Casa Blanca, en enero de 2017, pero ninguno de ellos ha sido confirmado por el Senado en los últimos cuatro años.
Algo parecido sucedió con Wolf y con el predecesor de este, Kevin McAleenan, que también fungió de manera interina desde que reemplazó en abril de 2019 a Kirstjen Nielsen, quien salió del puesto a la sombra de medidas que incluyeron la separación de miles de niños de sus familias migrantes en 2017 y 2018.
Desde el asalto al Congreso, el pasado 6 de enero, por parte de una turba incitada por el presidente Donald Trump, han renunciado otros funcionarios de su Gobierno, incluida la secretaria de Transporte, Elaine Chao, y la secretaria de Educación, Betsy DeVos.
El ICE, una agencia con unos 20.000 empleados y un presupuesto que supera los 7.000 millones de dólares, tiene responsabilidad sobre una red de centros de detención de migrantes indocumentados, las deportaciones y la represión de la trata de personas, así como la lucha contra la explotación de menores, el lavado de dinero y los robos de antigüedades.
