Relator de la CIDH: «Se profundiza la dictadura mediática en Venezuela»
EFE
El relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, denunció este martes que «se profundiza la dictadura mediática en Venezuela» con el cese de emisiones de dos canales colombianos y dos radios locales.
«Ya no es solo preocupante, sino que es una situación de deterioro absoluto de la libertad de expresión en Venezuela. Ese latiguillo que tiene el Gobierno de que ‘hay libertad de expresión en Venezuela‘ cada vez es más difícil de sostener», dijo el abogado uruguayo en una entrevista con Efe en Washington.
El Gobierno de Nicolás Maduro ordenó la semana pasada la salida de las cadenas colombianas Caracol y RCN, y negó la renovación de licencia a las radios locales privadas 92.9 Tu FM y Mágica 99.1 FM.
«La repercusión que tiene esto para la sociedad de Venezuela es terrible», subrayó Lanza, cuya oficina tiene el mandato de la Organización de Estados Americanos (OEA) para vigilar la libertad de expresión en la región.
«Los medios internacionales eran los que trabajaban con mayor libertad y fuera del ámbito de presión del Gobierno, y cuatro de ellos -NTN24, CNN, Caracol y RCN- han salido de la parrilla de los canales para abonados por cable de Venezuela, que es la principal forma de acceder a la televisión en el país», explicó.
Y todos, denunció, «sin el debido proceso».
«Sin un proceso previo en el que los canales puedan saber de qué los acusan, cuál es la figura que quieren aplicar, qué sanciones puede haber, y defenderse y tener la oportunidad de ser escuchados», indicó el relator de la CIDH, órgano autónomo de la OEA.
La única explicación oficial la ha dado la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy Rodríguez, al felicitar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por haber tomado medidas «contra cadenas de televisión que celebran el llamado a asesinar del presidente Maduro desde el exterior».
Se refería a que Caracol y RCN informaron de que el expresidente mexicano Vicente Fox dijo el pasado 22 de agosto que Maduro renuncia «o sale con las patas por delante, en un cajón» durante una conferencia de prensa en una universidad colombiana.
«Son decisiones del propio presidente ejecutadas por un órgano sin ninguna independencia como es Conatel», apuntó Lanza.
A la purga a los medios internacionales, se añaden «las acciones contra los medios nacionales», como la no renovación de licencias a las radios privadas.
«Tan grave como el cese de los canales colombianos es la decisión de cerrar la 92, la principal radio privada de Caracas, utilizando, con desvío de poder, el poder del Estado de administrar el espectro radioeléctrico», consideró el relator.
«El Gobierno -prosiguió- se niega a hacer un proceso de regulación de la frecuencia, como existe en cualquier país democrático, por eso, hay una espada de Damocles sobre la cabeza de los periodistas y directores de los medios, porque cuando quieren aplican la decisión de no renovarles la licencia».
«Además de estas dos radios, salieron también canales universitarios. Se profundiza la dictadura mediática en Venezuela«, concluyó el experto.
En lo que va de año, 49 medios han sido cerrados en Venezuela, según el balance del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
La oficina de Lanza ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) un caso sobre el uso del derecho penal en Venezuela «de forma desproporcionada para callar denuncias sobre temas de interés público».
«Es un caso que ya aceptó la Corte, un caso sobre algo que hoy es vigente en Venezuela, con el uso del derecho penal para encarcelar periodistas y opositores políticos», precisó.
La CIDH puede elevar ese caso a la Corte porque es anterior al 10 de septiembre de 2013, fecha en la que entró en vigor la denuncia que hizo un año antes Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que dio origen a la Comisión.
La CIDH no puede enviar a la Corte casos posteriores a esa fecha pero, para dejar de formar parte del organismo y que este no pueda pronunciarse sobre el país, el Estado debe denunciar la Carta de la OEA, es decir, pedir la salida de la organización en su conjunto.
Eso es lo que hizo Venezuela el pasado 28 de abril, pero la CIDH podrá seguir atendiendo violaciones de derechos humanos en el país hasta que se haga efectiva su salida de la organización regional dentro de dos años.
