Reducen pena a exfuncionario peruano condenado por caso de narcoindultos
EFE
El expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales de Perú Miguel Facundo Chinguel, condenado por irregularidades en el otorgamiento de indultos a narcotraficantes en el segundo Gobierno de Alan García, fue absuelto este lunes del cargo de asociación ilícita para delinquir y su pena se redujo a 9 años de cárcel.
La Sala Nacional de Apelaciones mantuvo la condena contra Chinguel por cohecho pasivo propio (recibir un soborno), dictada en diciembre del año pasado por favorecer con conmutaciones de pena a sentenciados por narcotráfico a cambio de dinero, con lo cual la sentencia original de 13 años de cárcel se redujo hoy a 9 años de prisión efectiva.
Otros 13 coacusados en el caso fueron absueltos por la Sala de Apelaciones y el abogado de Chinguel, Benji Espinoza, se mostró confiado en desbaratar el cargo de cohecho en la Corte Suprema.
Es un fallo «bastante importante porque la Sala Nacional de Apelaciones ha determinado que Miguel Facundo Chinguel nunca dirigió ninguna asociación criminal» y «nunca hubo un grupo de personas, al mando de Facundo, que cobrara dinero por conmutaciones de pena», afirmó el letrado.
Una comisión del Congreso que investigó las denuncias de presuntas irregularidades cometidas durante el segundo Gobierno de García determinó que, entre 2006 y 2011, se otorgaron más de 3.000 conmutaciones de penas a narcotraficantes.
Además, indicó que se conmutaron las penas de 1.628 condenados por delitos de robo agravado y 180 por hurto agravado.
Durante el juicio, el fiscal Walter Delgado expuso que Chinguel creó una serie de roles en la comisión para alterar los expedientes con el objeto de proponer las conmutaciones o excarcelaciones a procesados por narcotráfico.
Asimismo, indicó que Chinguel visitaba personalmente las cárceles para «cazar beneficiarios», a raíz de lo cual permitió que varias organizaciones delictivas salieran de prisión.
La comisión parlamentaria que investigó el caso de los narcoindultos recomendó que, además de denunciar penalmente a los funcionarios implicados en estos casos, se acusara constitucionalmente a García por haber otorgado indultos y gracias presidenciales a condenados por tráfico de drogas.
Sin embargo, un tribunal ordenó la anulación de esa investigación legislativa con el argumento de que no se había respetado el debido proceso a García, quien niega haber cometido alguna irregularidad durante la firma de los indultos ya que, según indica, solo se basaba en los informes de los expertos.
