Recta final en Uruguay hacia un referéndum que cuestiona al Ejecutivo

EFE

Con actos, encuestas, acusaciones y polémicas declaraciones, Uruguay entra en la recta final hacia el referéndum del 27 de marzo contra 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo encabezado por el centroderechista Luis Lacalle Pou.

Este referéndum, que los analistas ven como una suerte de consulta sobre el apoyo o rechazo a la gestión del mandatario en los primeros dos años de su mandato (2020-2025), valora artículos que versan sobre seguridad, empresas públicas, educación o vivienda, entre otros aspectos.

Teñidos de rosa, los promotores del ‘Sí’ impulsan dejar sin efecto esa porción del articulado que, entienden, incluyen normas contra el sentir popular.

De ese lado están situados la central sindical PIT-CNT y el Frente Amplio (FA), coalición de izquierdas que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy es la principal fuerza de oposición, además de otras organizaciones sociales que promovieron durante meses la recogida de firmas para que hubiera un referéndum.

Del otro aparecen los integrantes de la coalición que gobierna el país desde el 1 de marzo de 2020. Identificados con el celeste, en una decisión de la Corte Electoral muy criticada al inicio de esta campaña por ser ese el color que identifica a todo el país, estos apuestan por el ‘No’ al valorar que la LUC ha beneficiado a la ciudadanía.

Sus ideas opuestas han quedado remarcadas en las últimas horas con intensos cruces de palabras en un tono polémico que poco tiene que ver con la habitual calma que suele ofrecer la política uruguaya.

La campaña por las dos opciones se mantiene hasta el final de la semana, especialmente en el interior del país, donde, según los expertos, está la mayor parte de indecisos.

No obstante, en los últimos días hubo grandes actos dirigidos a las masas en la capital, Montevideo, donde se concentran 1,5 de los 3,5 millones de habitantes del país.

Este jueves, el ‘No’ cerró su campaña en Montevideo con un acto en el que la vicepresidenta del país, Beatríz Argimón, fue una de las oradoras. El sábado por la noche, el ‘Si’ organizó un evento en el que combinó el mitin político con actuaciones musicales y que denominó «ReSItal».

Para esta última semana se esperan grandes golpes de efecto para intentar convencer a los que aún no han decidido su voto.

En otra de las grandes polémicas de esta campaña, Lacalle Pou pondrá voz a la defensa de la ley que promovió y que fue promulgada en julio de 2020. Pese a que en Uruguay el presidente de la República no puede hacer proselitismo partidario, ninguna norma impide que argumente a favor de un proyecto legislativo que impulsó.

Frente a los partidarios del ‘Sí’, que difundirán su mensaje de 7 minutos en cadena nacional de radio y televisión el martes 22 de marzo, el mandatario dará una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva un día después, pese a que inicialmente usó la frase «Hacer trampas, no» cuando se le cuestionó si hablaría después de sus oponentes.

Ante la escalada de cruces de mensajes, en los últimos días el jefe de Estado y el presidente del FA, el exsindicalista Fernando Pereira, mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron mantener un clima de respeto.

Este viernes, la empresa Factum presentó su última encuesta antes de la instancia que se llevará a cabo el próximo domingo y sus resultados arrojaron que hasta el momento un 41 % de la población habilitada para votar lo haría por la opción del ‘No’, mientras que un 36 % se inclinaría por el ‘Sí’.

Mientras tanto, un 19 % de los encuestados aún no tomaron una decisión firme, aunque, al profundizar en el análisis, un 7 % indicó que se movería hacia el ‘No’ y un 6 % lo haría hacia el ‘Sí’.

El del próximo domingo será el cuarto referéndum a nivel nacional desde que la Constitución habilita este tipo de consulta para derogar una ley promulgada.

Los anteriores se celebraron en 1989, 1992 y 2003 y en los dos últimos ganó el ‘Sí’. La única derogación que no se aprobó fue la de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. EFE