Rechazan uso de fondos públicos para reubicar inmigrantes fuera de Florida
EFE
La coalición defensora de los inmigrantes BIC Action rechazó este viernes la propuesta del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, de incluir otros 12 millones de dólares en el presupuesto estatal para reubicar inmigrantes irregulares fuera del estado, continuando así un programa que en septiembre pasado envió a medio centenar de «sin papeles» a Massachusetts.
«Reconozcamos la contribución de los inmigrantes a nuestra economía, no los ataquemos», instó en un comunicado Al Cárdenas, expresidente del Partido Republicano de Florida y miembro de la junta directiva de la Coalición Americana de Empresarios por la Inmigración (ABIC), una organización bipartidista de la cual BIC Action es su «brazo político».
«Los trabajadores inmigrantes siempre han hecho más fuerte a Florida al suplir la escasez de mano de obra en sectores como la hotelería, la construcción, la salud y la agricultura», indicó Cárdenas al rechazar la reciente propuesta del gobernador de reservar 12 millones de dólares del presupuesto estatal para el programa de reubicación de inmigrantes indocumentados.
Según su plan presupuestario publicado el pasado miércoles, DeSantis, un conservador que ha dado señales de que competirá por la nominación presidencial republicana en 2024, quiere reservar esa cantidad de dinero público para continuar con un programa que transporta a «extranjeros no autorizados» fuera del estado, la misma que ya fue reservada para el programa el año pasado.
De acuerdo con datos de BIC Action, uno de cada cinco residentes de Florida es inmigrante y el estado se beneficia «enormemente» de la diversidad, la energía y las contribuciones de las comunidades de inmigrantes.
Además, añade, casi 400.000 de los inmigrantes de Florida son empresarios y pagan más de 31.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
«De hecho», detalla Cárdenas, los inmigrantes representan más de una cuarta parte de la mano de obra de Florida, y como consumidores tienen más de 100.000 millones de dólares de poder adquisitivo.
El miembro de la junta directiva de ABIC instó a DeSantis a reconsiderar la reubicación de estos inmigrantes, lo que, a su juicio, «sólo perjudicará» a la «economía en un momento donde la inflación es alta».
Brendan Ramirez, CEO de Pan American Behavioral, señaló en el mismo comunicado que la prioridad debe ser «solucionar la escasez de mano de obra en las industrias clave de todo el estado, incluyendo la industria de la salud».
«Como empleador en la industria de la salud, he visto cómo los hospitales y clínicas de todo el estado luchan para contratar empleados para puestos críticos, haciendo que los tiempos de espera sean más largos para los floridanos que buscan atención médica», acotó Ramírez.
Por su parte, Agustin Quiles, directivo de la Fraternidad de Concilios y Entidades Evangélicas (Fraceev), reprochó a DeSantis que a pesar del apoyo recibido «por parte de nuestra comunidad», use los «dólares de los contribuyentes de impuestos para transportar en autobús y en avión a quienes rezan en nuestras iglesias».
Según el texto de un plan de presupuesto estatal de 114.800 millones de dólares para el año fiscal 2023-24, denominado «Marco para el Presupuesto de la Libertad», se incluirían 12 millones «para continuar con la implementación de la iniciativa del Gobernador para proteger a los floridanos contra los daños resultantes de la inmigración ilegal al facilitar el transporte de extranjeros no autorizados».
Bajo ese programa, Florida envió en septiembre pasado a medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos, que habían cruzado desde México para solicitar asilo en EE.UU. desde San Antonio (Texas) hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
El traslado de inmigrantes irregulares ha motivado demandas judiciales contra DeSantis en Massachusetts y también en Florida, además de una investigación federal. EFE
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