Rechazan penas de entre 15 y 25 años para los delitos de odio
Con información de El Nacional
Estupor es la palabra que describe las primeras reacciones a las penas que estipula el proyecto de ley contra el odio, la intolerancia y la violencia, entregado este jueves por el presidente Nicolás Maduro a la asamblea nacional constituyente.
El mandatario anunció que quienes sean capturados en las calles fomentando la intolerancia y la violencia serán castigados con sanciones de 15, 20 y 25 años de cárcel.
Lilia Camejo, abogada y defensora de derechos humanos, indicó que las penas son similares a las establecidas en el Código Orgánico de Justicia Militar. “Esta gente como que está falta de cariño”, señaló.
Joel García, abogado y profesor universitario, cuestionó que estos delitos se consideren más graves que un homicidio, lo que atenta contra la proporcionalidad. Dijo que no se podía someter a una persona a 25 años de prisión por un supuesto delito de odio cuando en Venezuela la pena máxima por homicidio es de 30 años.
Similar es la posición de Jesús Manuel Quijada, criminalista: “Con la ley contra el odio propuesta por Maduro será preferible que usted asesine a una persona y que no le muestre su repudio”.
Políticos y empresarios también objetaron el instrumento. “Nicolás Maduro presentó ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente una ley contra el odio. Sugiero que comiencen aplicándosela a él mismo”, advirtió Andrés Velásquez, diputado de la Asamblea Nacional (La Causa R).
Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular, también sostuvo que es al presidente de la República a quien primero deben sancionar: “Nicolás Maduro pide cárcel para quienes llamaron a la violencia. Me imagino que se meterá él mismo. Pidió usar armas para lograr lo que no pudo con los votos”.
Subrayó que se intentaba imponer una dictadura a través de la ANC. “Ni siquiera sus propios militantes están de acuerdo. Veremos más conflictividad social, no resolverá la crisis económica, sino que la hará más profunda”, precisó.
Jorge Roig, ex presidente de Fedecámaras, no sale de su asombro: “Cuando creíamos haberlo visto todo viene la ley contra el odio”.
Jorge Botti, también ex presidente de Fedecámaras y de Consecomercio, simplificó en lo que se va a convertir esta ley: “Yo te acuso, me burlo, te violo tus derechos, hago fraude y abuso del poder y tú te quedas tranquilo”, mencionó
Otras voces. Una ley contra el que proteste y se oponga al gobierno. Así la definió Miguel Hernández, historiador y profesor de la Universidad Central de Venezuela. “¿Quién, cómo y cuándo se califica qué es odio? La ley contra el odio busca criminalizar la protesta popular y al que critique y se oponga al gobierno”, precisó.
El escritor Hugo Santaromita alertó que con la asamblea constituyente puede pasar cualquier cosa, “desde eliminar las elecciones regionales hasta cambiar la división territorial”.
La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Rosa Mármol, no solo cuestionó el proyecto presentado y advirtió sobre los casos de tortura en donde se ha señalado a los cuerpos de seguridad, sino que además alertó sobre la duración de la constituyente. “Aclarado: solo van a ‘perfeccionar’ la Constitución de 1999. ¡Necesitan dos años para ello!”, escribió en su cuenta de Twitter.
La constituyentista Esther Quiaro aseguró que el país aplaudía la entrega de este proyecto de ley que castiga los crímenes de odio. “Para nada se puede interpretar esta ley como regulación o trabas a las protestas, más allá de los límites naturales”, aseveró.