Rechazan en Nicaragua la acusación contra el obispo Rolando Álvarez
EFE
Dos organismos humanitarios, el obispo auxiliar de Managua y otras personalidades de Nicaragua rechazaron este miércoles la acusación hecha en la víspera por el Ministerio Público al obispo Rolando Álvarez por los presuntos delitos de conspiración en perjuicio del Estado nicaragüense.
En un mensaje, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidg) criticó que el obispo fue presentado en el banquillo de los acusados en el Complejo Judicial de Managua, que divulgó fotos, sin su investidura y con un evidente deterioro físico.
«Está pálido y delgado» después de 131 días de aislamiento e incomunicación, anotó ese organismo, que fue ilegalizado como ONG por el Gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.
El Cenidh hizo un llamamiento «a los líderes de la Iglesia que expresen su posición respecto a estos hechos criminales del régimen» de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
«Exigimos la libertad inmediata de monseñor Rolando Álvarez, su vida está en riesgo, llamamos a todos los organismos de protección de DDHH y a la comunidad internacional a elevar sus demandas y emplear todos sus esfuerzos. No más persecución contra la iglesia católica», abogó.
«Obispos y sacerdotes han sido blancos de ataques desde 2018»
Por su lado, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudió la acusación «infame» en contra de Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua.
«Obispos y sacerdotes han sido blanco de ataques desde 2018 cuando fueron golpeados y obligados al exilio como monseñor Silvio Báez, el padre Edwing Román y otros sacerdotes, mientras que otros religiosos han sido condenados o guardan cárcel esperando juicios con acusaciones falsas», alertó ese Colectivo en una declaración.
Ese organismo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, exigió «el cese de estas graves violaciones de derechos humanos, en particular la libertad religiosa, que persiguen callar, dar cárcel, exilio o cementerio contra un pueblo que merece libertad, verdad y justicia».
En tanto el obispo auxiliar de Managua y exiliado en Estados Unidos, Silvio Báez, calificó de «un crimen lo que hace la dictadura de Nicaragua contra mi hermano obispo, Mons. Rolando J. Álvarez».
«Ultrajándolo se condenan a sí mismos. ¡Rolando, no estás solo! Estamos contigo, rezamos por ti y exigimos tu libertad. Contigo está Dios, quien no abandona a sus profetas», escribió en Twitter.
Bianca Jagger: Su crimen es «ser una voz profética»
La activista nicaragüense Bianca Jagger acusó a Ortega «de estar montando un infame juicio ilegal» contra el obispo, cuyo crimen, dijo, es «ser una voz profética y ser amado y respetado por el pueblo de Nicaragua».
«Dictadura cobarde y criminal exhibe a monseñor Rolando Álvarez sin sotana, sin abogados y sin ley que lo ampare. Por casi 4 meses estuvo desaparecido y hasta ahora dicen que le darán casa por cárcel», reprochó el exembajador de Nicaragua en la OEA Arturo McFields.
El obispo Álvarez, muy crítico hacia el Gobierno de Ortega, fue acusado por la Fiscalía por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos.
Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
El jerarca fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial de Matagalpa (norte) junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa al alto jerarca de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales».
El arresto y acusación en contra del obispo nicaragüense, otros siete sacerdotes y otros dos colaboradores es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de «golpistas» y «terroristas» a los jerarcas.
