Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado cumplen tres años y medio de prisión

Los abogados defensores de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, Omar Mora Tosta y Theresly Malavé, acompañados por la coordinadora del Comité de Liberación de Voluntad Popular, diputada Adriana Pichardo, denunciaron que el caso permanece en un limbo jurídico luego de 3 años y medio de sus arbitrarias detenciones.

En este sentido, Mora Tosta informó sobre la consignación de una nueva solicitud para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responda al  recurso de casación que fue tramitado hace 2 años y afirmó que este retraso procesal en el caso también representa una violación a los Derechos Humanos (DDHH).  “Ya son 3 años y medio en que la jueza Iris Araujo condenó a Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado durante una audiencia de apelación sin la presencia de los imputados, confirmando que ellos nunca cometieron los delitos que le fueron imputados y que hoy  los mantiene recluidos en una cárcel en el estado Aragua cumpliendo una suerte de condena anticipada. Luego de 3 años y medio el recurso de casación no ha sido decidido. Supongamos entonces que hoy el TSJ declara la libertad, quién les paga estos casi cuatro años de prisión. Éste expediente se mantiene congelado en una suerte de limbo jurídico y es una violación a sus derechos humanos”.

Recordó las múltiples torturas de las que han sido víctimas Baduel y Tirado desde el momento de su encarcelamiento. Sostuvo que fueron los primeros presos políticos a quienes se les violó el derecho a la protesta pacífica en Venezuela. “Hoy reiteramos la inocencia de ambos jóvenes.  En 2014 fueron detenidos sin delito alguno, simplemente por protestar y expresar su desacuerdo con el régimen. A partir de ese momento, expresarse fue un delito en Venezuela. Ellos fueron los primeros condenados por ejercer el derecho a la protesta, lo cual es un derecho constitucional. Fueron los primeros presos políticos a quienes se les torturó por pensar distinto y han sido los que han recorrido más cárceles en el país”.

Por su parte, la abogada Theresly Malavé declaró que el régimen de Nicolás Maduro está en el ojo del huracán en materia de los Derechos Humanos. A su juicio, los gobernantes están bajo un estado de inconsciencia ante las posibles consecuencias que pudiera traer un juicio por delitos de lesa humanidad. Además,  subrayó que en materia de los DDHH, las responsabilidades son individuales y quien las ejecuta será juzgado al igual que quien da la orden.

“Las denuncias que se han hecho ante las instancias internacionales han hecho un cumulo de casos que cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para determinar los delitos de lesa humanidad. A veces pienso que algunos gobernantes están en estado de inconciencia, porque pareciera que no entienden lo que es ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Es tan fácil darle un parado a esto; por ejemplo,  la juez que tiene el caso de Gilber Caro dio 60 libertades a detenidos en protestas para no tener que enviarlos ante jueces civiles, porque desde la ONU ya están diciendo que el juzgamiento a través de tribunales militares es una violación a los derechos humanos. Hay un seguimiento firme y serio con respecto a los delitos que comete el Estado venezolano. La responsabilidad penal es individual y cada quien va a pagar por lo que están haciendo. El que da la orden va a responder pero, el que la ejecuta, también”.