Ramón Flores: Arco Minero provoca desplazamiento y muerte de los pueblos indígenas
Nota de Prensa
El presidente del Parlamento Amazónico y dirigente nacional de Voluntad Popular, Ramón Flores, aseguró que la explotación ilegal de oro provoca el desplazamiento y muerte de las diversas etnias ancestrales que hacen vida en el país. Las declaraciones las ofreció durante el foro “Impacto del llamado Arco Minero en los pueblos indígenas”, realizado en la sede administrativa de la Asamblea Nacional.
“El Parlamento Amazónico ha centrado su gestión en la protección de la Amazonia en su totalidad, entendiendo esta región como una gran cuenca indivisible desde el punto de vista ambiental por ser fundamental para el presente y el futuro del planeta, esto que estamos viendo que ocurre con el arco minero representa el peor ecocidio registrado en la historia de la humanidad”.
En el evento, que también contó con la participación del presidente de la AN, diputado Omar Barboza, quien denunció que los pueblos indígenas están siendo afectados por el mal llamado Arco Minero, cuya explotación mediante el empleo de cianuro y mercurio ocasiona el envenenamiento de la principal reserva de agua del país. “El decreto 2.248 firmado por Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016 constituye un decreto de guerra a muerte contra las poblaciones indígenas”.
El doctor Alexander Luzardo Nava, autor de las normas ambientales de la Constitución y del Proyecto de Ley original de Pueblos Indígenas que dio origen a la legislación actual, sostuvo que con “el mal llamado Arco Minero, el régimen de Nicolás Maduro ha ensangrentado el sur de Venezuela con la mirada cómplice de las autoridades civiles y militares”.
Al foro también asistieron los diputados Luis Parra, de la Comisión Permanente de Ambiente; Gladys Guaipó, de la Comisión Permanente de Comunidades y Pueblos Indígenas; Américo De Grazia, presidente de la Comisión mixta de seguimiento al Arco Minero y Romel Guzamana, quien también representa a la ONG Pueblos Indígenas.
Delito de lesa humanidad
Durante su ponencia, Nava sostuvo que con la explotación minera ejecutada en el Arco Minero el régimen de Maduro perpetra “un delito de lesa patria y lesa humanidad, porque afecta directamente las presentes y futuras generaciones indígenas y del país en general. Es un atentado contra la estabilidad de la República que debe ser rechazado por todo el pueblo y la comunidad internacional”.
El experto detalló que entre los afectados por el Arco Minero figuran los pueblos indígenas: Warao, Enepa, Hoti, Mapoyo, Arawak, Ariña, Piaroa, Pemón, Yekuana, Sanema, entre otros, que viven en el sur del Orinoco. “El nefasto impacto ha potenciado la crisis económica, hambruna y enfermedades como el sarampión, la difteria y el paludismo”.
El asesor de la Unesco, Esteban Mosonyi, sostuvo que el Arco Minero “afecta de forma determinante a esos pueblos que tienen una condición de vulnerabilidad, porque están siendo desplazados de sus tierras, atentado contra lo establecido en nuestra constitución nacional, con el Convenio 169 de los Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo y contra la Declaración de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, entre otros instrumentos legales”.
Entre las soluciones planteadas por los diputados y los expertos se encuentra el “Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva nacional de Agua, Dulce, Biodiversidad y del Potencial Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana”, el cual ya fue aprobado por la Asamblea Nacional en primera discusión. Afirmaron que seguirán denunciando en todas las instancias posibles las violaciones e irregularidades que ocurren con las comunidades indígenas y con las reservas naturales del país.
