Rafalli: Venezuela es el segundo país con el plan humanitario más sub-financiado
800 Noticias | Foto: referencial
Cada 16 de octubre se celebra el día mundial de la alimentación, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 1981, con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de la alimentación y la gestión adecuada de los recursos agrícolas, de cara al grave problema de hambre en muchos países del mundo a los que Venezuela, en los últimos años, se ha sumado.
En este sentido, Susana Raffalli, experta en seguridad alimentaria y defensora de derechos humanos, señaló que Venezuela es el segundo país con el Plan Humanitario de Respuesta más sub-financiado y los sectores nutrición y seguridad alimentaria son los más rezagados.
A propósito de la conmemoración de esta fecha y por ser el derecho a la alimentación uno de los más vulnerados en la Venezuela actual, Raffalli alertó que el Sistema Alimentario Venezolano entró en crisis desde el 2012, en ese año, la FAO, en su Panorama de la Seguridad Alimentaria en América Latina da cuenta de un aumento repentino del porcentaje de población en situación de subalimentación.
«No es un indicador de desnutrición esta medición, la subalimentación se refiere a la proporción de la población que quedaría sin poder comer (población en situación de hambre) con la oferta alimentaria agregada nacional. En ese momento, en el 2012, el porcentaje de personas subalimentadas o con hambre era de cerca del 3% y comenzó a subir vertiginosamente llegando a ser 7 veces mayor en el 2019, lo que ameritó que fuésemos incluidos entre las 10 más graves crisis alimentarias del mundo».
Actualmente, la FAO estima que para el 2022, aproximadamente un 18% de la población (más de 5 millones de personas) en Venezuela está en situación de subalimentación. Esto implica que, la oferta alimentaria nacional que el Estado es capaz de garantizar en estos momentos, repartida en partes iguales para satisfacer las necesidades nutricionales mínimas, alcanzaría solo para alimentar al 82% de la población en condiciones de igualdad, pero la situación es mucho peor que eso si se considera la desigualdad creciente en el país. Estos niveles son consistentes con una situación de inseguridad alimentaria acentuada según los marcos de clasificación internacional.
La serie de medidas regresivas al derecho a la alimentación que se han aplicado al Sistema Alimentario Venezolano han sido determinantes de esta situación. Entre los años 2010 y el 2018 hubo acciones como la Ley de Tierras, las expropiaciones masivas de unidades productivas, de empresas alimentarias, la Ley de Precios Justos (que puso a la mayoría de pequeños productores del país a producir a pérdida y cerrar), la inseguridad física y jurídica y el quiebre de los servicios públicos necesarios para la producción, especialmente agua y electricidad; explican este deterioro. A esto se suma la corrupción masiva en el manejo del recurso alimentario manejado por el Estado y reconocido tantas veces por el Ejecutivo, aún impune, y a partir del año 2018, las sanciones internacionales que han entorpecido, sobre todo, el acceso a combustible.
Con información de Provea
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