+VIDEO | ¿Quién cree la versión del gobierno?
Redacción 800 Noticias
El presunto atentado del 4 de agosto de 2018 denunciado por el propio Nicolás Maduro, y del que muchos dudan, sigue tomando un curso “lamentable”.
Hasta la fecha, el gobierno ha vinculado a varios dirigentes opositores y militares, entre ellos el diputado Juan Requesens, dos funcionarios castrenses de alto rango y el concejal de Primero Justicia quien murió este lunes bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
La muerte de Fernando Albán encendió más las alarmas dentro y fuera de las fronteras de Venezuela. Al Concejal caraqueño le pretendían imputar los delitos de magnicidio frustrado contra el Primer Mandatario Nacional, terrorismo, traición a la Patria, homicidio frustrado en las personas del alto mando militar y asociación para delinquir, los mismos que se le atribuyen al diputado Requesens.
Al igual que la versión del “atentado”, las dudas sobre la tesis del “suicidio” por parte del gobierno incrementan con el paso de las horas. “Era un hombre de fe, no tenía nada que temer, jamás atentaría contra su vida”, señaló Henrique Capriles, exgobernador de Miranda y miembro del partido Primero Justicia. La oposición califica el hecho como un “asesinato”.
Tanto la ONG Foro Penal Venezolano, que también ha sido amenazada, así como Proyecto Libertad y la Asamblea Nacional, han denunciado que los 236 presos por razones políticas -cifra de FPV- han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Específicamente, por el caso del “atentado” denunciaron que a Requesens se le han violado sus derechos humanos. Tras la “extraña” muerte del concejal de Primero Justicia los familiares de los presos políticos piden fe de vida.
Fernando Albán se encontraba en la cárcel política del Sebin conocida como «la tumba» en el momento de morir. Algunos expresos políticos que en su oportunidad estuvieron en esa sede aseguraron que es imposible que alguien se lance por la ventana de un baño, ya que siempre los llevan esposados y custodiados. Inluso, se pudo conocer que las ventanas del sitio son altas y se necesitaría ayuda de un banco o escalera para lograr siquiera asomarse por la misma. La tesis de una tortura brutal y posterior lanzamiento de su cuerpo al vacío es la que cobra fuerza.
LAS CONTRADICCIONES…
Tanto en los hechos de 4 de agosto como con el supuesto “suicidio” de Fernando Albán existen contradicciones.
El fiscal constituyente, Tarek William Saab, informó este lunes 8 de octubre a las 3:36 pm, que “Albán solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10”. Posteriormente, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, a las 3:49 pm cambió la versión del sitio donde se supuestamente encontraba Albán. “En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”, dijo en su cuenta en Twitter.
2. En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 8 de octubre de 2018
El acta de defunción señala que la muerte de Albán fue producto de un traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismos toracoabdominopelvico cerrado por caída de altura. Su abogado, Joel García, sostiene que van a pedir la exhumación del cuerpo para hacer las investigaciones. “Es la única forma de determinar la verdadera razón de su muerte es un examen forense posterior”.
Hasta el momento no ha habido más pronunciamiento por parte del gobierno nacional ni del fiscal designado por la constituyente.
Hechos del 4 de agosto
Según la versión oficial divulgada por el gobierno de Venezuela, a la tarima presidencial se aproximaron varios drones cargados de explosivos que atentarían contra la vida del mandatario el 4 de agosto en la avenida Bolívar, donde se celebrara el 81 aniversario de la Guardia Nacional.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dos horas después de los hechos que todo el país vio, pues era un evento transmitido en cadena nacional de radio y televisión, dijo que “se escucharon unas detonaciones, las averiguaciones ya establecen con claridad que corresponden a drones a artefactos volares de tipo drone, varios que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile”.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dijo al día siguiente que se trató de dos drones explotaron cerca del acto presidencial en la avenida Bolívar de Caracas, que ambas aeronaves estaban cargados con un kilo de C4. “Se pudo evidenciar una vez desplegados los órganos de inteligencia y los anillos de seguridad que desde calles adyacentes al evento fueron despegados dos aeronaves tripuladas a distancia con carga explosiva cada una de ellas con un kilogramo de explosivo denominado C4”.
El 7 de agosto en la noche, el presidente Maduro informó que el dron que explotó frente a él, tenía un compuesto de pentrita y pólvora.
El director ejecutivo de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, sostiene que el “caso de Fernando Albán no sólo es una tragedia para una familia que sentimos profundamente y una conmoción para venezolanos y el mundo. Se trata de la muerte de una persona bajo custodia arbitraria y responsabilidad del Estado. Se requiere investigación imparcial con apoyo internacional».
El país entero y la comunidad internacional exigen una investigación seria en ambos casos. El primero mandatario nacional, tras denunciar el magnicidio en la reciente Asamblea General de la ONU, de vincular a Estados Unidos solicitó al organismo una investigación sobre los hechos, sin obtener respuesta.
Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará la muerte del concejal del Área Metropolitana de Caracas, Fernando Albán, en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en el país.
En una acción sin precedentes, seis países solicitaron formalmente a la Corte Penal Internacional para que investigue al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Se desconoce si la oposición venezolana emprenderá acciones para que el caso de Albán se incluido en la denuncia ante la CPI.
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