Qué significa la «desobediencia» de Cataluña en su búsqueda de independencia de España

BBC Mundo.-   El parlamento de Cataluña aprobó el lunes no sólo el inicio del camino hacia la independencia de España sino que adelantó que lo hace en «desobediencia» de las instituciones del Estado.
Es decir, el parlamento catalán advirtió que el proceso no se supeditará «a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia».
Y también instó al futuro gobierno catalán «a cumplir exclusivamente» las normas o mandatos emanados de esa cámara, a fin de blindar el proceso frente a las actuaciones de las instituciones de ese «Estado español», del que quiere independizarse.
El gobierno español ya anunció que impugnará la medida ante el Tribunal Constitucional y se espera que éste ordene la suspensión cautelar de la declaración independentista automáticamente.
El presidente Mariano Rajoy fue además enfático al afirmar que estaba dispuesto a utilizar «todos los medios que el estado de derecho ha puesto a disposición de la democracia» para mantener la unidad de España.
Las declaraciones de lado y lado sugieren que podríamos estar asistiendo al choque de una fuerza irresistible contra un objeto inamovible.
Pero, ¿qué se viene ahora? ¿Y qué significa esta retórica en términos prácticos?
Es difícil saberlo a ciencia cierta, pues España y Cataluña están adentrándose en aguas inexploradas. Pero BBC Mundo le presenta aquí los escenarios más probables.

Responde Madrid: recurso de inconstitucionalidad

La primera movida del presidente Rajoy fue solicitarle al Consejo de Estado que revisara la resolución catalana, como primer paso para la introducción de un recurso por inconstitucionalidad.
Y es que dado que la Constitución española establece claramente la indivisibilidad de España, la previsible conclusión del consejo fortalecería el recurso, que se espera sea introducido el miércoles.
La medida, una vez admitida a trámite por el TC, debería generar automáticamente una orden de suspensión temporal de la resolución independentista, pues el artículo 161.2 de la Constitución prevé la suspensión automática de las normas autonómicas cuando estas son impugnadas por el gobierno central.
Esta suspensión, que aplicaría por un periodo de cinco meses, prorrogables, pondría la pelota de regreso en el campo catalán.

Mueve Barcelona: tres leyes

Una vez comunicada la suspensión cautelar, el parlamento catalán debería en principio suspender la aplicación de la declaración de independencia mientras el TC se pronuncia sobre el fondo del caso y abstenerse de tramitar esas leyes.
Pero las bases para la desobediencia fueron consignadas en la misma declaración, por lo que nada sugiere que los legisladores catalanes acatarán la orden del Constitucional. Y el camino para profundizar la ruptura con Madrid también está claramente delineado en la proclama.
Por un lado, llama a iniciar el trámite de las leyes llamadas a sentar las bases de un futuro estado independiente: la ley de proceso constituyente, una de seguridad social y otra de hacienda pública.
Y en un anexo la declaración independentista también llama a aplicar algunas piezas legislativas ya aprobadas por el parlamento catalán pero bloqueadas por el gobierno central, así como a desconocer varias leyes estatales.
«Este es el primer paso. Me gustaría que fuera el último», dijo el presidente Rajoy al momento de anunciar su intención de recurrir por inconstitucionalidad en los tribunales.
Pero su deseo parece poco probable. Y si los independentistas catalanes siguen adelante con su hoja de ruta, le corresponderá a Madrid hacer la siguiente jugada.

«El peso de la ley»: ¿hasta dónde?

Las opciones del gobierno central frente a unas autoridades autonómicas en posición de desobediencia, dentro del actual ordenamiento, son varias.
«Utilizaremos sólo el estado de derecho, pero todo el Estado de derecho; sólo la ley, pero toda la ley; sólo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia», advirtió el lunes Rajoy. Pero no quiso develar completamente su mano.
Y por eso, por el momento, solamente se puede especular sobre hasta dónde estará dispuesto a llegar el gobierno en Madrid, máxime cuando falta poco más de un mes para que se celebren elecciones generales.
Una primera medida legal sería la interpelación de la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, que eventualmente también podría ser sancionada con multas e incluso con la separación de su cargo.
Pero su potencial inhabilitación, así como la de otros parlamentarios «rebeldes» y el propio presidente del gobierno autonómico, podría terminar siendo mucho más fácil en la teoría que en la práctica.
En ese caso Madrid tendría que decidir si abrir una causa penal por desobediencia e incluso por sedición, en caso de producirse protestas callejeras.
Aunque también podría optar por presionar económicamente a las autoridades autonómicas, interviniendo por ejemplo la tesorería de la Generalitat de Catalunya (gobierno) al amparo del artículo 155 de la Constitución que faculta al gobierno a adoptar «las medidas necesarias para obligar […] al cumplimiento forzoso» de la Constitución y de las leyes.
Estas medidas incluyen la posible declaratoria de un estado de excepción o de sitio y el despliegue de la fuerza pública, pero este es claramente un último recurso.

La solución final: ¿negociada?

Efectivamente, en una España en la que todavía sigue fresco el recuerdo de la Guerra Civil de 1936 que llevó al poder al general Francisco Franco, el uso de la fuerza seguramente querrá ser evitada tanto por Madrid como por Barcelona.
Y aunque los llamados a una posible solución negociada seguramente tendrán que esperar a las elecciones generales (20 de diciembre) ambas partes muy probablemente intentarán no cerrar antes y definitivamente las puertas al diálogo.
En su proclama, los independentistas se declaran dispuestos a iniciar negociaciones, si bien especifican que sería «para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un Estado catalán independiente en forma de república».
Pero eso no necesariamente cierra completamente la puerta al referendo que habían venido demandando antes de la declaración unilateral de independencia y que Madrid les había negado.
Y con los resultados de las últimas elecciones sugiriendo una Cataluña dividida frente a la idea de la independencia –los independentistas obtuvieron la mayoría de escaños, pero solo el 47% de los votos totales– un nuevo gobierno español podría estar dispuesto a correr el riesgo de dejar que sean las urnas las que hablen, como ya prometió el partido de izquierda Podemos.
Para mientras, sin embargo, España enfrenta una nueva crisis. Y navega por aguas inexploradas.