Puigdemont pide a UE y al gobierno español «compromiso» de aceptar resultados del 21-D
EFE
El expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont pidió este martes a la Unión Europea (UE) y al Gobierno español el «compromiso» de aceptar los resultados de las elecciones autonómicas convocadas en esa comunidad autónoma española para el próximo 21 de diciembre.
«Invito a todas las autoridades a asegurar la normalidad democrática en próximas elecciones, sin presos políticos, policía ni represión», dijo Puigdemont en un acto con unos 200 alcaldes independentistas que han acudido a Bruselas para apoyar al cesado Gobierno catalán.
Puigdemont tomó la palabra al final del acto, al que acudió de manera inesperada acompañado por los cuatro exconsejeros cesados con los que se trasladó hace una semana a Bruselas, al tiempo que consideró que la aplicación del artículo 155 de un «golpe de Estado».
El Parlamento regional catalán declaró unilateralmente la independencia de esa comunidad autónoma española el pasado 27 de octubre después de un voto secreto, con el hemiciclo semivacío por ausencia de la oposición, sin alcanzar la mayoría de dos tercios que exige el reglamento de esa cámara y con la opinión jurídica de los letrados parlamentarios en contra.
A continuación el Gobierno español activó el artículo 155 de la Constitución española para restaurar la legalidad en esa región, así como otras medidas que incluyen la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
El político catalán opinó que «la democracia está en peligro» en España y se dirigió directamente a los presidentes de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani.
«Señor Juncker, señor Tajani, ¿Es ésta la Europa que nos invitáis a construir? ¿Una Europa con un gobierno encarcelado? (…) ¿Aceptarán o no los resultados de los catalanes, si deciden apoyar al Parlamento?», dijo.
También pidió «escuchar el compromiso directo del Gobierno español y de Europa de respetar los resultados».
Juncker rechazó el lunes que España viole el Estado de Derecho por su respuesta al desafío secesionista en la región de Cataluña.
«No veo que el Estado de Derecho esté siendo violado por las autoridades españolas. Creo más bien que los que no respetan el orden constitucional español están en violación de la ley», dijo Juncker en esa ocasión.
Por su parte los exconsejeros regionales Clara Ponsatí, Antoni Comín, Mertixell Serret y Lluís Puig reclamaron la libertad para sus compañeros encarcelados en España.
«Hoy demostráis una vez más que todos somos un solo pueblo, un pueblo que defiende sus derechos, los derechos de las personas que queremos llevar adelante un proyecto político que persigue más bienestar, más progreso, un futuro de libertad y democracia», dijo a los alcaldes secesionistas la exconsejera de Agricultura Meritxell Serret.
Por su parte, el exconsejero de Salud Antoni Comín dijo que «el camino puede que sea más largo de lo que pensábamos» y se dirigió a los líderes europeos para pedirles que no ignoren el conflicto catalán.
En el mismo sentido, la exconsejera de Educación Clara Ponsatí instó a los dirigentes comunitarios y a los presidentes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Angela Merkel, respectivamente, a no mirar hacia otro lado.
Ambos países, al igual que Reino Unido o Estados Unidos, entre otros, rechazaron la declaración unilateral de independencia y mostraron su apoyo a la unidad de España.
Los cinco políticos catalanes están en libertad con medidas cautelares en Bruselas por decisión de un juez belga, después de que la Justicia española emitiera una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) tras ser acusados de los presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, entre otros.
Entre las medidas cautelares impuestas por el juez belga no hay ninguna en relación a las actividades políticas, pero sí tienen restringido salir de Bélgica, vivir en otro domicilio que el comunicado al juez o ausentarse de cualquier convocatoria ante la Justicia.
Los cinco declararán ante el juez de primera instancia para decidir su entrega a España el 17 de noviembre.
El acto con los alcaldes independentistas se celebró en una sala del Palacio de Bellas Artes de la capital belga («Bozar»).