Provea: Maduro no responde a la ONU por «asesinatos y desaparecidos» en la frontera
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Según un informe publicado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la administración de Nicolás Maduro «guarda de nuevo silencio esta vez ante la dramática radiografía de las graves violaciones a derechos humanos en la zona fronteriza colombo-venezolana, presentada por cuatro mecanismos temáticos de la ONU en la más reciente comunicación a ese gobierno».
La comunicación ha sido hecha pública este 8 de febrero por el sistema de la ONU, en plena visita al país de la Relatora sobre sanciones, quien es parte de esos mecanismos. El gobierno no respondió a las preguntas en el plazo de dos meses previsto por el sistema de mecanismos temáticos, y por esta razón la ONU hace pública la comunicación sin esa respuesta.
La falta de cooperación desde la cancillería de facto se ha vuelto estructural: desde 2011 ese gobierno ha recibido 85 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha respondido a 39, lo que significa que mucho más de la mitad han quedado sin respuesta. Esta falta de cooperación se ha agudizado desde febrero de 2019 pues esa cancillería ha recibido un total de 17 comunicaciones y solamente ha respondido a dos de ellas.
Esta nueva comunicación fue enviada el 4 de diciembre pasado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Una comunicación similar fue enviada al gobierno colombiano, que respondió el pasado 2 de febrero e incluso solicitó a los mecanismos temáticos que se le remitiera “información e individualización de cada uno de los casos, para que las autoridades nacionales puedan desplegar sus competencias, conforme al ordenamiento jurídico interno”.
La comunicación de los cuatro mecanismos se refiere a “61 casos de desapariciones transfronterizas en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, concentrados en cuatro municipios, Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander en Colombia y la ciudad de San Antonio del Táchira en Venezuela y ocurridos entre 1990 y 2016”. También señala que 66 personas migrantes venezolanas fueron asesinadas y 43 fueron víctimas de desaparición en Colombia entre 2016-2019. La mayoría de las personas desaparecidas son hombres y niños. También hay personas pertenecientes a organizaciones sociales, incluyendo dos personas asociadas a cooperativas de moto taxistas. La comunicación informa que muchas víctimas de desaparición forzada son aprehendidas, sustraídas o retenidas en territorio colombiano y son llevadas hacia los límites fronterizos para ser asesinadas. Reporta que “se ha confirmado la existencia de centros de tortura y descuartizamiento conocidos como casas de pique. La sola existencia de estas casas se utiliza como arma psicológica con el fin de atemorizar a la población de la zona”. Las desapariciones serían una estrategia para restringir la movilidad en zonas bajo control de actores armados no estatales a personas desconocidas en estas zonas.
Los mecanismos temáticos señalan la falta de investigación y búsqueda de personas desaparecidas en el contexto transfronterizo, indicando que los familiares denuncian que los órganos de investigación de los dos países (CTI y CICPC) obstaculizan las investigaciones. Ante esta situación los familiares de las víctimas inician por su cuenta las investigaciones, y son a su vez victimizados, reportándose casos de asesinatos de familiares en la búsqueda de sus seres queridos.
Dice la comunicación que “diversos actores armados no estatales, utilizan la desaparición y asesinato de personas, incluyendo a personas migrantes, como una herramienta en función de sus intereses, principalmente de tipo económico y de control territorial”. También indica relaciones de colusión entre grupos armados ilegales y bandas criminales y las autoridades locales: “se ha documentado que los militares venezolanos en la zona fronteriza estarían involucrados en negocios con actores armados no estatales, sobre todo con relación al contrabando de gasolina”.
Se señala con claridad la falta de cooperación internacional entre las autoridades de los dos países: “En los últimos años, se documenta la falta de identificación o de estadísticas producidas por las autoridades venezolanas vis-à-vis el aumento del número de cuerpos encontrados cerca de la frontera con Colombia. A estas prácticas se suma la imposibilidad de hacer seguimiento a casos de desapariciones en Venezuela por la ausencia de documentos de ciudadanía, por lo cual se dificulta para las familias cruzar la frontera con regularidad”. Además se indica que no existe ningún mecanismo de cooperación binacional para la búsqueda e investigación de los casos de desaparecidos en la zona fronteriza lo “cual genera la ausencia total de información con respecto a las circunstancias o al paradero de las personas desaparecidas, incluidas personas migrantes y trabajadoras fronterizas”. Los familiares de los desaparecidos son doblemente victimizados por el desconocimiento del lugar geográfico de las víctimas, así como la entidad o autoridades directa o indirectamente responsables.
Los cuatro mecanismos de la ONU hacen un llamado a los gobiernos de Colombia y Venezuela “para que reúnan, compilen y sistematicen toda la información posible acerca de las personas desaparecidas (cuando estaban en los países respectivos o transitaban por ellos); que adopten todas las medidas necesarias para buscar y localizar a las personas migrantes desaparecidas, usando todos los medios a su alcance, incluidos los métodos de investigación forense; que sancionen a las organizaciones de delincuentes que abusan de las personas migrantes o los explotan, en particular a las redes de trata de personas; y que investiguen adecuadamente toda denuncia de participación, complicidad o tolerancia de las autoridades estatales en estos actos delictivos.”
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