Provea: En Apure está en jaque el derecho a la educación

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El estado Apure, con una extensión de 76.500 kilómetros cuadrados, ha sido durante décadas uno de los más empobrecidos del país. Sus bajos niveles de desarrollo económico y de condiciones de vida lo colocan, lamentablemente, en el umbral de las regiones con más precariedades y en las cuales derechos sociales como la alimentación, la salud, acceso a agua potable (a pesar de sus 7 ríos), trabajo, vivienda propia y educación son constantemente vulnerados.

Según datos aportados por un estudio de la iniciativa Reto País, el estado llanero, al sur de Venezuela, posee una población que ya supera los 620 mil habitantes, de los cuales más del 35% es población menor de 15 años.

Este dato pudiera representar una digna oportunidad para que las políticas públicas orientadas desde el Estado a preservar el derecho a la educación encuentren un óptimo nivel de desarrollo, tomando en cuenta además que más del 70% de la población económicamente activa de Apure depende de la administración pública regional y centralizada.

Pero la realidad actual refleja totalmente lo contrario. Los niños y jóvenes que se encuentran en edad de estudiar, de 3 a 24 años, superan los 290 mil.

Sin embargo,  todavía la mitad de los niños de 3 a 5 años (22.500) y cerca de 1 de cada 7 en las edades de 12 a 17 años (12.012) están excluidos del sistema educativo. En el caso de la población de 18 a 24 años más de la mitad (43.624) no está asistiendo a algún centro de enseñanza formal.

En total, más de 78 mil jóvenes no están incorporados en el sistema educativo regional, lo que representa el 27% de la población infantil y juvenil en edad escolar. Ello, sin mencionar el rezago escolar que según algunos estudios de universidades venezolanas supera el 22%.

Estos números probablemente han aumentado durante este primer año de la pandemia si tomamos en cuenta que los estudiantes se vieron forzados a quedarse en sus casas debido al decreto de cuarentena radical, dictado en marzo de 2020 por la administración de Nicolás Maduro y la adopción del sistema de educación a distancia, incluida la modalidad virtual.

Y precisamente en este aspecto, el derecho al acceso a una educación de calidad en esta entidad también queda en entredicho. Apure, que aún cuenta con una población e infraestructuras mayoritariamente rurales, presenta serias deficiencias de conectividad aunadas a las constantes fallas del servicio eléctrico.

Solo en la región del Alto Apure, integrado por los municipio Rómulo Gallegos y José Antonio Páez, zona fronteriza con Colombia, en el 2020 se registraron más de 100 apagones, la mayoría con duración de hasta 48 horas en zonas como El Amparo, Guasdualito, La Victoria, El Nula, Elorza y La Trinidad de Orichuna.

En el resto de los municipios, José Cornelio Muñoz, Achaguas, Biruaca, Pedro Camejo y el capital, San Fernando, se vive un escenario similar al de la otra parte del estado. Tal vez con menos cortes eléctricos pero sí con severos problemas de acceso a los servicios de telefonía celular, fija e internet, lo que complica aún mucho más que los estudiantes puedan recurrir a la tecnología para proseguir sus estudios.

Escuelas desmanteladas y maestros muy mal pagados

En el último trimestre de 2020 el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, decidió que en las llamadas semanas de flexibilización se realizaran en todos los centros educativos del país los “encuentros pedagógicos” entre estudiantes y docentes, de acuerdo a unos horarios de atención y con las debidas medidas de bioseguridad.

Esta práctica también confrontó diversas dificultades para su aplicación. En el caso de los municipios vecinos Biruaca y San Fernando más de 10 planteles fueron totalmente desvalijados en la temporada del confinamiento.

Esto ocasionó que los estudiantes y los maestros que acudían a las asesorías pedagógicas en estos centros se aglomeraran a la sombre de los árboles para poder recibir las orientaciones.

Tal es el caso de la escuela y liceo María Nicasia Gamarra y Luis Beltrán Prieto Figueroa de la localidad rural de El Campito, en el municipio Biruaca. Ambas instituciones funcionan en la misma sede física. La escuela lo hace en el turno de la mañana mientras que los niveles de bachillerato funcionan en el horario de la tarde.

Siete salones de clases, de los 10 que posee, fueron totalmente desmantelados. Techos, mesas sillas, escritorios pizarrones y puertas fueron saqueados por la delincuencia. Igualmente, los dos baños con los cuales cuenta el plantel fueron totalmente destruidos, ya que la acción delictiva no solo se limitó al robo de las piezas de los baños, sino también al destrozo del piso y las baldosas.

Similar suerte corrió el área de la cocina escolar y otros dos espacios más del área administrativa.

Su directora encargada, Yelitza Argüello, reveló que este hecho priva del derecho a la educación a 429 jóvenes en las dos modalidades educativas.

Estima que el desmantelamiento del centro comenzó a ocurrir desde el mismo mes de marzo de 2020 pero que se acentuó a finales del año. A un año de reportarse la situación ante las autoridades educativas y organismos de seguridad “todavía no han dado respuesta. Por lo pronto lo que hacemos es atender a los pocos muchachos que vienen, debajo de las matas, en algunos bancos que aún quedan y en dos salones que no han podido robar porque tienen platabanda”, dice la docente.

La profesora Deysi Solórzano, dirigente sindical de la Federación Venezolana de Maestros en la región, también confirmó el desvalijamiento de la escuela Andrés Bello en pleno centro de la ciudad de San Fernando.

Por otro lado, refiere que de acuerdo a un monitoreo que su organización y otros sindicatos han hecho a algunos planteles del estado, concluyen que no es posible regresar a las aulas debido a las condiciones paupérrimas que presentan, según sus datos, el 70% de los planteles, es decir, 224 unidades educativas de las 320 que funcionan.

Estas escuelas, además del desmantelamiento del que han sido objeto, también atraviesan otros problemas como “la falta de agua, de luz, de pupitres, de recursos didácticos, además de la suciedad, insalubridad y la inseguridad”, afirma Solórzano.

La dirigente gremial agregó que “aún antes de la llegada de la pandemia a las escuelas no les dotaban de artículos de limpieza ni materiales para que los maestros trabajaran, ahora que pretenden que regresemos cómo van a desinfectar si tampoco están dotando de esos artículos”.

Por otra parte, no se han adoptado medidas para acondicionar las instituciones educativas para un posible regreso a clases de manera presencial. Retomar las clases presenciales pasa por garantizar que en las aulas se pueda implementar el distanciamiento entre un estudiante y otro, adecuada ventilación, agua continua y suficiente.

En las zonas rurales de municipios como Pedro Camejo, Biruaca y Achaguas “la situación es peor porque aún en días de semanas de flexibilización no asiste nadie”, apunta la dirigente sindical.

Refuerza este dato al señalar que “la mayoría de esos maestros son de San Fernando, entonces tienen que trasladarse a grandes distancias (más de 100 kilómetros) y debido a los bajísimos salarios que ganan no les alcanza para los pasajes”.

Por otro lado, estima que más del 30% de los docentes adscritos a la Zona Educativa del estado Apure ha renunciado en virtud de las irrisorias remuneraciones que devengan. Solórzano traduce ese porcentaje en más de 1.200 maestros que han abandonado sus puestos de trabajo.

Para rematar, en el caso de los trabajadores de la educación católica en Apure, la presidenta de la seccional de San Fernando de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, Yulis Orasmas, reveló que 500 personas, entre docentes, administrativos, y obreros de 7 centros educativos de la región se encuentran preocupados con el cambio de la modalidad de pago al sistema Patria, ordenado ahora por el ejecutivo nacional y aspiran que con las denuncias y diálogo, tal medida pueda revertirse.

Precisa Orasmas que hasta el 17 de marzo, el 75% de estos trabajadores no habían recibido el pago de la primera quincena del mes. Y del 25% que sí había recibido algún abono a través de esa plataforma “les ha llegado incompleto y con montos irrisorios, por ejemplo, hay casos de maestros que ganaban 5 millones de bolívares quincenalmente y ahorita apenas se les depositó solo 800 mil bolívares”.

La educadora mostró su preocupación ante esta situación en virtud de que “lo que se puede originar es una renuncia masiva de docentes y esto nos conllevaría al cierre de los planteles de la educación católica, reconocidos por su calidad educativa”, acotó.

Cuando este reportaje se escribía se conoció que la medida podría ser revertida pronto.

Prensa Provea