Provea califica de inaudita la declaración del gobierno ante la ONU - 800Noticias
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Redacción 800 Noticias | Foto referencial

El representante del Gobierno de Nicolás Maduro aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que “la libertad personal es inviolable” en Venezuela. Además, acusó al Grupo de Trabajo de la ONU de violar Derecho Internacional por investigar sistemáticas detenciones arbitrarias en el país.

En la reseña presentada por la ONG Provea, recordó que Maduro confirmó la 2.400 detenciones tras el 28 de julio, mientras que la ONG Foro Penal ha confirmado unas 1673 detenciones arbitrarias, cientos de personas a quienes se les violó sus garantías constitucionales, el derecho al debido proceso y normas internacionales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

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Para la organización, quienes violan el Derecho Internacional son los Estados que cometen las detenciones arbitrarias, no los órganos independientes de la ONU que las investigan.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ONU vigila la situación del derecho a la libertad personal a nivel mundial, por mandato del Consejo de DDHH. En su último informe incluyeron dos casos sobre Venezuela: el de Roland Carreño y el de María Fernanda Silva Beroes y Elizabeth Silva Beroes.

 

Hace solo 1 día, la Misión de la ONU sobre Venezuela denunció que tras las elecciones del 28 de julio se cometieron graves violaciones al debido proceso, incluyendo torturas, malos tratos y violencia sexual en las masivas detenciones arbitrarias:

“La represión de las protestas fue instigada por las altas esferas civiles y militares del Estado, incluyendo el presidente Maduro… Se tornó masiva e indiscriminada y se dirigió contra cualquier persona que expresó su rechazo a los resultados electorales”

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El gobierno de Maduro tiene un patrón de ataque a todos los mecanismos de investigación internacional como la Misión de la ONU, los relatores expertos y grupos de trabajo de la ONU. También desprestigia a quienes acuden a instancias internacionales buscando amparo a sus derechos, como víctimas y las ONG.

Junto a sus aliados de gobiernos autoritarios, como Sudán o Cuba, quieren reducir el Sistema Universal de la ONU y la Corte Penal Internacional a meras funciones de asistencia técnica “siempre con la aquiescencia del Estado concernido”.

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