Protestas por seguro social en Nicaragua revelan descontento contra Gobierno
EFE
Los violentos enfrentamientos ocurridos en los últimos tres días en Nicaragua tras unas controvertidas reformas al seguro social, que ha dejado al menos 3 muertos y 61 heridos, ha puesto al descubierto un descontento popular contra el Gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde enero de 2007.
Las protestas iniciaron luego de que el Ejecutivo, a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), reformara, sin el consenso del sector privado que se levantó de la mesa y apenas de sindicatos afines, una reforma a la seguridad social que aumenta, entre otros, la cuota patronal y laboral y además crea una nueva cotización de por vida para los jubilados.
La medida unilateral gubernamental para salvar de la quiebra financiera al INSS, pero que golpea el bolsillo de casi un millón de trabajadores, a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a miles de jubilados, ha sido como la gota que derramó el vaso para una sociedad que ya no está dispuesta a aguantar abusos, comentó el sociólogo nicaragüense y analista político Oscar René Vargas, de tendencia sandinista.
La situación social es grave ante los aumentos de los precios de los servicios básicos, el desempleo, el deterioro del medio ambiente, escasa productividad, los recortes sociales, deterioro de las pensiones, el estancamiento de los salarios, el ensanchamiento de la pobreza, incremento de los precios de los alimentos y de los combustibles y la corrupción gubernamental, valoró Vargas.
Todo lo anterior ha venido haciendo vulnerable al Gobierno de Ortega, un mandatario con un nivel de aprobación de su gestión del 54 por ciento, el mejor evaluado de Centroamérica, según un sondeo de opinión de la empresa costarricense Cid Gallup divulgado en febrero pasado.
Sin embargo desde el miércoles pasado, un día después de anunciadas las nuevas medidas en la seguridad social, hasta este viernes inclusive, las calles de las principales ciudades de Nicaragua están experimentando uno de los enfrentamientos más violentos en los once años de la Administración de Ortega.
Esas movilizaciones comenzaron una semana antes, después de un incendio en la reserva biológica Indio Maíz, en el extremo sureste de Nicaragua, que duró diez días y consumió alrededor de 5.484 hectáreas.
«El decreto INSS es el detonante del fastidio y el rechazo de un pueblo cansado de corrupción, de derroche, de autoritarismo, fraudes electorales», apuntó el abogado, economista y comunicador Luis Núñez en un articulo.
«No se trata solo de una medida impopular y, si el Gobierno no quiere entender eso, entrará en el torbellino de una inevitable revolución social. La soberbia es la peor consejera del poder», anotó.
La revista de análisis Envío, de la Universidad Centroamericana, había advertido de este escenario cuando se reformara el seguro social, como había venido sugiriendo el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«La sobrevivencia del modelo de Ortega depende de hacer esas reformas estructurales. Pero el costo político de ambas reformas a pagar, con sus socios (sector privado) en el exitoso modelo corporativos sería alto. También lo sería para la población. Porque, de un modo o de otro, es mucha la gente que tiene que ver con el seguro social», vaticinó esa revista.
Precisamente el sector privado se levantó de la mesa cuando negociaban las reformas al seguro social y acusó al Gobierno de romper ese modelo de alianza y consenso, justo cuando los jóvenes también comenzaban a movilizarse en las calles y abría otro frente al Ejecutivo, que no esperaba esa reacción de la población.
A mediados de marzo pasado, durante una ponencia ante empresarios locales, la embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, describió de «incierta» la situación de Nicaragua y advirtió que entre los nicaragüenses existe «una disminución de la confianza en las instituciones del país».
Los empresarios nicaragüenses, en tanto, han comenzado a guardar distancia con el Gobierno de Ortega y ese disenso ha coincidido con un descontento de la población, entre ellos universitarios, que ha alcanzado su clímax esta semana tras las controvertidas reformas al seguro social.
