Protestas en Chile bajan de intensidad tras dos meses pero sigue el descontento
EFE
Las manifestaciones contra el desigualdad modelo económico y la represión comenzaron siendo multitudinarias y prácticamente diarias -el récord lo marcó la marcha del 25 de octubre con más de 1,5 millones de asistentes-, pero se han ido espaciando y ya apenas logran juntar a unos miles.
La última gran concentración, tras varias semanas de relativa calma, tuvo lugar el pasado viernes en Plaza Italia, una plazoleta en el centro de Santiago convertida en epicentro del estallido, a donde acudieron miles de personas para escuchar a míticas bandas de canción protesta en el llamado «Concierto por la Dignidad».
«El Gobierno sigue sin entender lo que demandan los manifestantes, nos da bonos y migajas para amortiguar las protestas», aseguró entonces a Efe Francisca Videla, una universitaria de 21 años.
También han perdido fuerza los saqueos, los incendios o las barricadas, que acongojaron durante días a gran parte de la sociedad provocando enormes pérdidas económicas, y los violentos choques entre los manifestantes «de primera línea» y los agentes policiales.
EL VAIVÉN DE LAS MARCHAS
«Las movilizaciones por definición tienen subidas y caídas y obviamente es muy difícil mantener la presión continuamente, pero estamos muy lejos de encontrar una salida a la crisis porque es muy difícil dimensionar la profundidad del descontento», explicó a Efe Sofía Donoso, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
«Es natural que después de dos meses, con las vacaciones de Navidad y las altas temperaturas del verano las marchas bajen de intensidad, pero eso no significa que se haya vuelto a la supuesta normalidad de antes del 18 de octubre», cuando estalló la crisis, agregó Octavio Avendaño, sociólogo de la Universidad de Chile.
Para el experto, el descontento «se está expresando en formas distintas a las grandes marchas de hace unas semanas, como cabildos o la consulta ciudadana del domingo».
Más de dos millones de personas de 225 de las 346 comunas del país participaron el domingo en un inédito plebiscito ciudadano no vinculante, que arrojó como resultados que el 92,4 % está de acuerdo con una nueva constitución y que las pensiones, la salud y la educación son los temas más prioritarios.
«PARCHES» SOCIALES
El Gobierno del presidente Sebastián Piñera ha anunciado un paquete de medidas sociales para tratar de desactivar la crisis, que incluye el aumento gradual de las pensiones más bajas en hasta un 50 % o el incremento del salario mínimo hasta los 350.000 pesos chilenos (cerca de 435 dólares), pero una parte de la sociedad las considera «parches».
«La agenda social que se ha presentado se basa en pequeños paliativos. El Ejecutivo no ha mostrado intención de hacer reformas profundas del modelo», afirmó Avendaño.
«La solución es complicada porque hay múltiples cabezas y múltiples demandas. Conseguir una salida que deje contentos a todos va a ser muy difícil», indicó por su parte a Efe Cristian Parker, sociólogo de la Universidad de Santiago.
Las fuerzas parlamentarias alcanzaron así mismo un histórico acuerdo para preguntarle a la ciudadanía el próximo abril en un referéndum si quiere cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y qué mecanismo debería redactar el nuevo texto.
«CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS»
La crisis, que se detonó por la subida del precio del billete de metro, ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas -cinco de ellas supuestamente a manos de agentes del Estado- y ha provocado miles de heridos, además de graves denuncias por parte de organismos internacionales contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones de los derechos humanos.
El presidente chileno, el conservador, Sebatián Piñera -que no consigue remontar y solo cuenta con un 13 % de aprobación en las encuestas-, ha reconocido abusos puntuales pero ha negado una política sistematizada para atacar a los manifestantes y ha mostrado desde el inicio su respaldo a los altos mandos de Carabineros (Policía chilena).
«Las señales que ha mandado el presidente parecen una provocación más que una solución. Hasta que no se solucione la crisis de derechos humanos, va a haber agitación en la calle», concluyó Donoso.
