Procuraduría de Colombia pide negar acceso a exsenador a la Justicia de Paz
EFE
La Procuraduría General de Colombia pidió este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechace el acceso a ese sistema de justicia transicional del exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple y peculado.
Así lo informó Ministerio Público en un comunicado en el que explicó que envió un concepto a la JEP en el que precisa que las conductas por las que fue condenado García fueron «cometidas en su calidad de fundador y miembro del Bloque Héroes de Montes de María, de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y los miembros de los grupos paramilitares no son sujetos de competencia de la JEP».
La Procuraduría agregó que la condición de excongresista no es un requisito absoluto para permitir su ingreso, e indicó que su «participación en la masacre de Macayepo, en jurisdicción de Carmen de Bolívar (14 de octubre de 2000) ocurrió mientras era miembro activo de las (Autodefensas Unidas de Colombia) AUC y no como un tercero civil».
La masacre de Macayepo, que dejó al menos 15 campesinos muertos a garrote y machete y al menos 200 familias desplazadas, fue cometida por un grupo de 80 paramilitares del «Bloque Norte» de las desmovilizadas AUC, al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias «Cadena».
La Procuraduría recordó que los terceros civiles que colaboraron o financiaron grupos armados no pueden recibir beneficios en la JEP si actuaron en calidad de miembros orgánicos de las AUC, como es el caso del excongresista García.
Precisó que «este no es un caso de un político que tuvo nexos con grupos armados paramilitares, sino el de un paramilitar que incursionó en la política».
El órgano de control dijo que en este caso el compromiso del exsenador García con la verdad «ha sido muy pobre, ya que no anuncia hechos nuevos ni promete aportar verdad sobre circunstancias que no han sido conocidas por la justicia ordinaria».
La Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) condenó en 2010 a García Romero, quien fue por más de dos décadas parlamentario, a 40 años de prisión por paramilitarismo, homicidio agravado, peculado y concierto para delinquir agravado.
