Principal TV de Nicaragua mantendrá independencia pese a presión de Gobierno
EFE
El canal de televisión más visto de Nicaragua afirmó que no cederá a presiones del Gobierno para cambiar su línea «independiente», mientras su gerente, Carlos Pastora, se refugió en la Embajada de Honduras en Managua por temor a ser «asesinado» tras ordenar coberturas de la crisis sociopolítica.
El Gobierno de Nicaragua «ejerció presión» sobre periodistas y medios «para que se suspendieran ciertas coberturas de los últimos acontecimientos de esta coyuntura, de las protestas, testimonios de las víctimas, secuestrados, fallecidos y torturados», dijo a Efe Mauricio Madrigal, directivo de Canal 10 de televisión.
En el marco de la crisis que afecta al canal de televisión y que llevó a Pastora a solicitar refugio, la canciller hondureña, María Dolores Agüero, informó de que el gerente se encuentra en la Embajada de Honduras en Managua desde una fecha que no precisó y que llegó allí con una «petición de protección».
El Estado de Honduras «está cumpliendo con su obligación de protección de esta persona que ha solicitado el apoyo de la misión diplomática», en una situación inédita, destacó la canciller en referencia a Pastora, que tiene nacionalidad nicaragüense y hondureña.
Madrigal, jefe de prensa del noticiero Acción 10, «el más visto de Nicaragua», señaló que el Ejecutivo, presidido por Daniel Ortega, «viene ejerciendo presión para modificar la política informativa» y busca orientarla «hacia una línea similar a la que tienen los medios y oficialistas».
Según el directivo, el propósito del Ejecutivo «era que se dejaran de hacer coberturas y dar otro enfoque a la coyuntura, es decir, priorizar las actividades de Gobierno y omitir las informaciones de lo que ocurre en la calle»
«Algo para lo cual yo no me prestaría ni mi equipo periodístico». agregó.
Tras el rechazo a esa situación por parte de Pastora, el Gobierno ordenó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) abriera una investigación al gerente.
«Ante la negativa del medio y de Pastora a seguir la línea gubernamental, formularon una acusación de lavado de dinero por acciones comerciales normales, comunes y corrientes que vienen suscitándose desde hace más de 18 años, pero esta es una empresa bien organizada y que va al día con sus impuestos», detalló Madrigal.
«Hay bastante tensión, porque la lucha contra los medios no ha tenido límite, entonces no sabemos qué podría pasar. Podría ser que criminalicen a uno de nosotros y de repente amanezcamos detenidos o intervengan el canal o cosas por el estilo».
Por su parte, la canciller hondureña dijo que su Gobierno ha estado «en un proceso de recabar la información para poder tener elementos de juicio, examinar la delicada situación y poder determinar un curso de acción» respecto al gerente refugiado.
El noticiero de Canal 10 cuenta con una audiencia de entre el 60 y el 70 por ciento, según los estudios de medición de medios que funcionan en el país desde hace 14 años, explicó el directivo del medio, quien aseguró que es la cadena televisiva más vista del país «y por ahí está la molestia y la incomodidad del Gobierno, que el canal esté libre publicando las noticias que ocurren».
«Este canal, por muy recóndita que sea la zona del país, hay señal abierta, de manera que por muy pobre que sea la gente, sencilla que no tienen para contratar un cable, tienen acceso a Canal 10», precisó.
Nicaragua está sumida desde abril pasado en una crisis que ha dejado centenares de muertos en el marco de protestas contra el presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno fue acusado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de acosar y agredir a los periodistas en el país.
La SIP y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron la semana pasada que la libertad de prensa y expresión en Nicaragua está en «retroceso» como consecuencia de una «campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente» por parte del Gobierno de Ortega.
La crisis deja entre 317 y 448 muertos, 2.800 heridos y más de 400 desaparecidos, de acuerdo con datos de organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
