Primer semestre de 2023 dejó 85 defensores de DDHH asesinados en Colombia
EFE
Al menos 85 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el primer semestre de 2023, según el monitoreo del Programa Somos Defensores, lo que supone una disminución del 14 % frente al mismo periodo de 2022 (14 casos menos), aunque sigue «siendo la manifestación de una realidad aterradora».
En ese mismo periodo el sistema de información de Somos Defensores registró un total de 466 agresiones cometidas contra 438 personas, «un preocupante incremento del 6 %», reveló este jueves en su informe semestral.
En el 25 % de las agresiones y el 18 % de los asesinatos las víctimas fueron mujeres. Los asesinatos de mujeres aumentaron un 50 %, según Somos Defensores.
El paramilitar Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es el principal autor de las agresiones, ya que se le atribuyen 31, seguido del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencias de las FARC.
Las agresiones que más aumentaron fueron los atentados, puesto que en los primeros seis meses de 2023 fueron perpetrados o se intentó cometer 52, mientras que en ese periodo de 2022 fueron 27. También creció el número de desplazamiento forzados (de 14 a 21.
Somos Defensores empezó a contabilizar los secuestros, con cinco el primer semestre de este año.
El Cauca, en el suroeste, es el departamento más violento para defensores, con 127 agresiones, seguido de Santander (noreste, con 45) y de Antioquia (noroeste, con 44).
Esperanza de paz
El informe semestral de Somos Defensores se llama «La espera» y alude a «la expectativa de la llegada de una nueva situación en el contexto colombiano, partiendo de su origen en la palabra en latín ‘sperare’, que significa tener esperanza».
«La esperanza de la paz marcó de manera importante el primer semestre del 2023», asegura Somos Defensores, aludiendo a los pasos del Gobierno hacia la paz total, con acercamientos con grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el EMC, las bandas criminales de Medellín; Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura; la disidencia de las FARC llamada Segunda Marquetalia, las AGC y la banda criminal de Los Pachenca.
«Sin embargo, de la misma manera que se despertó la esperanza también se generaron interrogantes sobre la pertinencia y capacidad del Gobierno para adelantar estos procesos simultáneos, con grupos que en la actualidad tienen gran capacidad militar, control en diferentes zonas en algunos casos, influencia social y cuantiosos recursos», subraya el informe.
Por eso, esa esperanza se vio mermada con varios acontecimientos como el paro minero en la región del Bajo Cauca (noroeste) en marzo, donde el Gobierno culpó a las AGC o Clan del Golfo de instigarlo y rompió el cese al fuego con ellos.
También el proceso con el ELN, el más adelantado de todos, ha tenido más de un traspiés: «las acciones bélicas como muestra de poder han sido constantes», recuerda la ONG, que recopila que un informe de inteligencia contabilizó hasta 137 acciones armadas de esa guerrilla entre el 1 de enero y el 10 de mayo.
«A pesar de esto, se mantiene la esperanza de que después de décadas de intentos fallidos por negociar la paz con este grupo armado en esta oportunidad finalmente se pueda concretar», apunta el informe.
Somos Defensores también se hace eco de las dilataciones que ha habido para comenzar las negociaciones formales con el EMC, el principal grupo de disidencias de las FARC, que arrancaron finalmente este lunes junto a un cese al fuego bilateral de tres meses.
Entre medias, ha habido hechos de gravedad como el asesinato por ese grupo de cuatro menores indígenas que previamente habían sido reclutados de manera forzada.
Este panorama complejo lleva a la ONG a afirmar que «no es un sendero fácil, especialmente por el número de grupos con los que se busca llegar a acuerdos de manera simultánea, y porque todos ellos cuentan en mayor o menor medida con altas capacidades para ejercer control y para disputarlo, lo que ha provocado las crisis humanitarias a las que el país ha hecho frente en los últimos años».
Pero reafirma que «la paz es la única solución posible para poner fin al sufrimiento de millones de personas en el país que en diferentes territorios viven con la inminencia de la guerra, pues muchas comunidades deben, incluso, convivir con los actores armados con quienes se busca llegar a un acuerdo y someterse a su poder ante la ausencia del Estado».
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