Presos venezolanos son víctimas de privación ilegítima de libertad
800 Noticias | Agencias
“Llegó la boleta, te vas a la calle”, esta era la mejor noticia que podía recibir un preso venezolano. Sin embargo, en la actualidad tener una boleta emanada por un tribunal no es garantía de regresar a casa con sus seres queridos.
“Cuando llega la boleta, te enteras por tus familiares o porque los mismos funcionarios te informan y te mueven de celdas, muchas veces a aislamiento, porque supuestamente debes estar en resguardo y allí puedes estar semanas, meses y hasta años, pero si el Ministerio no da el visto bueno no sales”, esto es uno de los tantos testimonios que recibe el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
De esta situación han sido víctimas presos comunes y presos políticos. Entre los casos más recientes destaca el del preso político Rodney Álvarez y el del fotógrafo Carlos Debiais, a ambos les llegó la boleta de excarcelación el 12 de abril al Centro Penitenciario Rodeo II del estado Miranda y debían esperar por el permiso del Ministerio de Servicio Penitenciario. Álvarez fue liberado la madrugada de este 15 de abril, mientras que Debiais seguía esperando.
Otro caso más, #CarlosDebais, boleta de excarcelación con fecha 12 de abril, Director del Rodeo, esperando autorización de @mirelct para liberarlo. Es privación ilegítima de libertad @OACNUDH @KarimKhanQC @IntlCrimCourt
— Carolina Giron (@carolaovp) April 15, 2022
Además OVP pudo conocer que entre el Rodeo II y Rodeo III existen al menos 80 presos comunes que se encuentran en la misma situación, esperando que sean liberados. Así mismo trascendió que no es la primera vez que esto sucede.
“Hay presos que han esperado días, semanas, meses y años”, develó uno de los presos políticos, quien incluso aseguró que al punto que se han conocido casos que el “visto bueno”, que se da a través de una llamada telefónica nunca llega y toca devolver a los presos a sus celdas.
Saúl Ramón Cordero González es un exfuncionario que tiene 65 años de edad, que además está complicado de salud y se le dio su libertad el 22 de marzo del presente año, la boleta llegó a manos del director de Rodeo III y casi que cumple un mes esperando por el permiso del Ministerio.
Esta situación OVP la viene denunciando desde el 2020 con en Táchira, Lara, Carabobo, Guárico, Yaracuy Miranda, Sucre, entre otros; precisamente donde está instaurado el régimen penitenciario son los que atraviesan por esta situación.
Carlos Eduardo Jiménez Jiménez (37) era un preso del Centro Penitenciario 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico, él murió el 09 de junio del 2020, ya tenía su condena cumplida y estuvo por un año en una celda de confinamiento para resguardarlo, pero se enfermó y tras no recibir atención médica se complicó y murió.
Las denuncias y casos continúan llegando a nuestra organización y se han trasladado hasta recintos policiales como es el caso de Yorman Antonio Useche quien se encuentra detenido en Centro de Coordinación Policial N° 9 con sede en Valle de la Pascua, ubicado en el estado Guárico, quien tiene una boleta de excarcelación de marzo del 2021 y pasó un año y su libertad no ha sido materializada.
El equipo de abogados del OVP explica que esta situación por la que atraviesan los presos venezolanos, que no son liberados a pesar de tener una orden emanada por un juez, se convierte en una privación ilegítima de libertad de la persona.
En el artículo 44 de la Constitución de la República expresa “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: En su numeral 5 establece “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”.
La constitución lo deja muy claro y según el equipo de abogados de OVP explican que hasta ahora no existe otra ley o normativa que establezca que el Ministerio de Servicio Penitenciario tenga la facultad de pasar por encima de una orden de un tribunal.
Los presos venezolanos además denuncian que algunos no tienen boletas de excarcelación, pero tienen sus condenas cumplidas, y no son trasladados a tribunales, por lo que terminan pagando más de lo que fueron sentenciados.
Con información de La Patilla
