Prado rechaza declaraciones de Saab sobre las FAES
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El comisionado para los derechos humanos, Humberto Prado, rechazó las declaraciones del fiscal del chavismo, Tarek William Saab, sobre las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y considera que son «cínicas».
«Estas cínicas afirmaciones son consecuencia de una denuncia emitida por Javier Tarazona, director de Fundaredes, respecto a funcionarios de las FAES que, de no ser interrumpidos por la policía municipal, pretendían extorsionar y ejecutar a un productor agropecuario zuliano, identificado como Américo Ledezma», comentó Prado ante las palabras de Saab que hacen referencia a que los mencionados cuerpos de seguridad son causantes de secuestos, «son asociados a delincuentes» y un mal ejemplo para «el resto de los cuerpos policiales del país».
«En este escenario, no puede pasar desapercibido que, es un hecho público y notorio, incluso a nivel internacional, que las FAES han estado involucradas en ejecuciones extrajudiciales desde su creación en julio de 2017. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela describió en sus conclusiones detalladas que la FAES es la institución policial más letal en Venezuela, siendo responsable del 64.5% de las muertes que dicha Misión examinó en 2019. Desde su creación, las FAES han asesinado a más de 1400 personas», aclaró el comisionado.
«Es inequívoco concluir que Tarek William Saab tiene pleno conocimiento de la política de exterminio que han emprendido las FAES desde el 2017. Incurre en responsabilidad el funcionario que comete la ejecución, y también quien emite las órdenes. La Misión, en sus conclusiones, determinó la responsabilidad individual de Fiscales por sus actos y omisiones. Entre esas personas, esta CPDHAV encuentra imposible no señalar a Tarek William Saab, quien ha sido Fiscal General del régimen de facto desde 2017, por lo que ha tenido un papel directo en el encubrimiento de las violaciones de derechos humanos», sentenció.
Solicitamos, con base a lo expuesto, un pronunciamiento de los organismos regionales e internacionales de vigilancia de Derechos Humanos, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Específicamente, solicitamos exigir al gobierno de facto el cumplimiento de los siguientes puntos:
1- Disolver inmediatamente las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana como la ha solicitado la ACNUDH;
2- Abstenerse de perseguir, hostigar y criminalizar a dirigentes políticos, líderes sociales y empresariales a través de los cuerpos de seguridad del Estado;
3- Garantizar los derechos a la vida e integridad personal de todos venezolanos;
4- Investigar, con la debida diligencia, los hechos de ejecuciones extrajudiciales, a fin de determinar a los responsables (incluyendo mandos medios y altos, como el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz) y aplicar las sanciones pertinentes.
