¿Por qué gobiernos en Latinoamérica apuestan al estado de excepción?
Redacción 800 Noticias | Foto referencial
Varios países latinoamericanos han declarado o prolongado recientemente estados de emergencia destinados a combatir el crimen organizado, aunque hasta ahora los resultados de esos esfuerzos han sido mediocres.
A principios de octubre, los gobiernos de Ecuador, Honduras y El Salvador extendieron sus estados de excepción vigentes.
En general, este tipo de medidas suspenden derechos civiles como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento y la libertad de reunión, entre otros. Al mismo tiempo, llaman a las fuerzas armadas a apoyar a la policía en el combate a la criminalidad y militarizan la aplicación de la ley.
El uso frecuente del estado de excepción por parte de varios gobiernos latinoamericanos trae beneficios operativos, políticos y mediáticos inmediatos, pero pocos de los resultados prometidos. Y las medidas entrañan riesgos cuando se prolongan.
En el plano político, los estados de excepción tienden a silenciar a la oposición y complacer a los ciudadanos, y en el plano operativo, brindan mayor flexibilidad legislativa en el uso del ejército. Pero pocos países logran reducir los índices de criminalidad mediante el uso de estas medidas, y existen serias preocupaciones sobre violaciones de los derechos humanos.
Lejos de ser una novedad, el aparente éxito del modelo Bukele en El Salvador reavivó la popularidad regional de esta medida para enfrentar al crimen organizado. Si bien los resultados en la reducción de homicidios y otros delitos violentos varían de un país a otro , hay otras razones que parecen alentar su uso.
A veces la medida es percibida como la única opción porque “los gobiernos no tienen una verdadera política de seguridad ciudadana” y ofrecen esta solución para mostrar su autoridad frente a sus rivales políticos, dijo a InSight Crime Edward Holfman, académico y analista de seguridad.
Por otro lado, les permite mostrar a la población “que realmente están tomando medidas drásticas” y refuerza un enfoque de mano dura ante una sociedad que “quiere sentirse segura pase lo que pase”, dijo Holfman.
Según el CSIS, los gobiernos pueden esperar “tres ventajas adicionales” tras declarar el estado de emergencia. Por un lado, ayuda a “levantar las restricciones al despliegue de fuerzas militares en materia de seguridad interna” –o la militarización de la policía– y proporciona un “medio para desplegar rápidamente una gran presencia de seguridad pública en una zona de riesgo, desbaratando las operaciones cotidianas del crimen organizado”.
Por último, como dice Holfman, a veces se presenta como “la única herramienta práctica” para hacer frente a la delincuencia en zonas con poca presencia estatal.
Además de los posibles retrocesos en materia de derechos humanos, preocupa la aparición de una “crisis perpetua”, según el informe del CSIS. Ecuador y Haití tienen estados de excepción en vigor desde enero y marzo de este año, respectivamente, mientras que El Salvador, Honduras y Chile llevan aplicando este tipo de decretos desde 2022, con sucesivas prórrogas ininterrumpidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha expresado constantemente su preocupación por el uso reiterado de la medida” en Jamaica.
Los resultados también son cuestionables.
Si bien El Salvador logró dominar a las pandillas y reducir la tasa de homicidios de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 2,4 en 2023 , abundan las preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. Chile informó de una marcada caída de la violencia rural en el sur en comparación con años anteriores en la última ampliación de la medida, pero otros países no informaron de ese tipo de éxitos.
En Perú, la policía ha detenido a 1.248 personas durante el estado de emergencia, pero la violencia continúa. El 9 de octubre, un explosivo explotó en un estacionamiento de autobuses en el distrito de Independencia. Días antes, en el Callao, cuatro personas fueron asesinadas por un sicario que se hizo pasar por un pasajero.
La estrategia de mano dura de Honduras tiene graves fallas y Ecuador no ha logrado mejorar su situación de seguridad, y Durán sigue siendo un epicentro del crimen y la violencia.
Con información de InSight Crime
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