Político boliviano dice que Arce persigue a opositores al estilo «castro-chavista»
EFE
El presidente del Legislativo departamental de la región boliviana de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, aseguró que la Administración de Luis Arce sigue los pasos de Gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua al instaurar un «reino del terror» para perseguir a sus detractores, a propósito de la detención del gobernador opositor Luis Fernando Camacho.
En una entrevista con EFE, Matkovic expresó su consternación por la detención de Camacho y señaló que es «preocupante tener un Gobierno» que no ha aprendido «de los errores ajenos» y que pareciera que está dando «un paso más hacia lo que», a su juicio, «le sugieren o le enseñan los amigos del barrio».
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«La comunidad internacional tiene que tomar conocimiento de lo que en Bolivia está pasando y el presidente de Bolivia, Luis Arce, está tomando una página de ese manual castro-chavista de utilizar todo lo que tienes a la mano para quedarte en el poder», sostuvo.
Para el político, la aprehensión del opositor «repite la forma de actuar de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, donde la forma de Gobierno ha virado de una democracia participativa a un reino del terror donde el Gobierno utiliza todas las herramientas a su disposición, la persecución política, judicial, policial, el secuestro de autoridades para trasladarlas de un lugar del país a otro para someterlas a un juicio».
Matkovic, que llegó a la Asamblea Legislativa de Santa Cruz con el partido de Camacho, Creemos, consideró que el Gobierno nacional «perdió todas las formas» y repite «el mismo abuso» cometido en su momento por el expresidente Evo Morales contra los líderes cruceños.
«Caso terrorismo»
El legislador departamental recordó que él mismo estuvo preso en tres distintas cárceles bolivianas durante ocho años acusado dentro de un polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009, cuando Morales era presidente, y que fue cerrado en 2020 durante la gestión interina de Jeanine Áñez.
El «caso terrorismo» estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó una operación en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos y otros dos detenidos, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra Morales.
Los procesados siempre denunciaron que el caso respondía a motivos políticos para acallar a líderes opositores cruceños e incluso varias versiones durante la investigación pusieron en duda que el tiroteo en el hotel fuera una acción antiterrorista.
«Nos pasearon por todo el país, atropellaron todos nuestros derechos judiciales, fundamentales, constitucionales y nuestros derechos humanos, asesinaron personas», rememoró y agregó que por eso el citado caso está bajo análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A su juicio, con el «caso terrorismo» se intentó «quebrar a un departamento» y la intención de Arce «es exactamente la misma».
«Mi apreciación es que han entrado en una competencia con Evo Morales, una competencia por el poder, por la representatividad de su partido, sus luchas internas, donde uno quiere ser más abusivo que el otro», opinó.
Denuncia de «secuestro»
En el caso de Camacho, Matkovic manifestó que no hubo una aprehensión, sino un «secuestro».
«Lo han interceptado al gobernador con armas de grueso calibre, lo han encañonado, le han roto los vidrios de su vehículo, lo han agredido físicamente, lo han tirado al suelo, lo han enmanillado», denunció.
Según el político, el operativo para trasladarlo después a La Paz fue ejecutado por la Policía «en combinación con el Ejército» porque para ello se empleó un helicóptero militar.
«Aquí nada de esto puede pasar sin que el presidente haya dado su venia y por supuesto que eso lo hace cómplice de esta persecución política en contra de sus opositores», afirmó.
Matkovic puso en duda que existan las condiciones para que Camacho tenga «un juicio justo» por la forma en que fue detenido.
También señaló que los abogados defensores del opositor expresaron temor por el riesgo que corre ante las amenazas de diversos grupos afines al oficialismo que llegaron a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde está Camacho desde el miércoles, y que dijeron que «no salía nunca más de La Paz».
El político remarcó que «no es un problema sólo de los cruceños y del gobernador Camacho», sino de «todos los bolivianos» y en particular de los opositores y ciudadanos que en 2019 reclamaron por el «respeto al voto».
Camacho fue detenido por el caso «golpe de Estado I» iniciado a instancias del oficialismo que le acusa junto a otros opositores de «terrorismo» por promover un supuesto golpe contra Evo Morales.
Morales renunció en 2019 a la Presidencia alegando ser víctima de un golpe de Estado, pero sus detractores aseguran que su salida del poder fue consecuencia de las denuncias de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año. EFE
