Polémica del Ejército colombiano con NYT trasciende al plano internacional
EFE
El revuelo causado por el artículo de The New York Times sobre la política del Ejército colombiano para mejorar los resultados operacionales, que puede poner en riesgo a civiles, amenaza con convertirse en una controversia internacional para el Gobierno del presidente Iván Duque.
La polémica directriz que insta a duplicar el resultado en las operaciones militares tomó fuerza este miércoles en el plano internacional con las reacciones del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se suman a las de un congresista de EE.UU.
La medida se hizo pública el sábado cuando el diario estadounidense reveló la orden impartida a la tropa, lo que activó las alarmas en la sociedad por la ventana que esto podría abrir para que se retomaran los «falsos positivos», uno de los capítulos más crueles y oscuros del conflicto armado del país.
Así se les llama en Colombia a las miles de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes cometidas por militares en la década pasada para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate y de esta forma obtener de sus superiores permisos, condecoraciones y ascensos.
Human Rights Watch advirtió este miércoles sobre posibles represalias a oficiales colombianos por haber proporcionado información al periodista Nicholas Casey, autor del artículo, y quien salió del país por motivos de seguridad, camino que también tomó el fotógrafo del NYT, el colombiano Federico Ríos.
En un mensaje de Twitter, Vivanco consideró que «sería muy grave que hubiera retaliaciones contra oficiales que se animaron a contar la verdad».
A continuación preguntó al ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero: «¿Es cierto que en este momento están interrogando a 15 oficiales en la sede de la segunda división del Ejército para saber quién le dio la información al The New York Times?».
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la campaña de estigmatización contra Casey que hizo la senadora María Fernanda Cabal, del partido oficialista Centro Democrático.
Cabal, reconocida por sus posiciones radicales de derecha, afirmó que el periodista estuvo en 2016 con las FARC en la selva y se preguntó «¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje?» y por el que hizo, según ella, «contra el Ejército de Colombia».
Por esas afirmaciones, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País, de Cali, afirmó que estos insultos de funcionarios «crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios».
Estas reacciones se sumaron a las de ayer del senador demócrata Patrick Leahy, quien pidió a Duque exigir las pruebas con las que Cabal fundamenta su mensaje y, en caso de que no existan, hacer una denuncia pública.
«La libertad de prensa es vital en cualquier sociedad democrática y es responsabilidad solemne de los funcionarios del Gobierno defenderla», sentenció el senador, demócrata de Vermont.
Este comentario adquiere relevancia por ser Leahy uno de los integrantes de la Comisión de Apropiaciones, instancia en la que el Congreso estadounidense discute la ayuda presupuestaria para Colombia.
Ante las críticas, el Ejército negó que se esté interrogando a altos oficiales para establecer quién suministró la información, y aclaró que sí hubo una reunión con oficiales pero fue para abordar el desarrollo de operaciones con las que se busca detener la deforestación.
En una rueda de prensa que dio el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, para hablar de la situación de los inmigrantes venezolanos, no se permitieron preguntas sobre la denuncia del diario estadounidense ni referentes al comentario del senador.
La cancillería publicó el martes una carta enviada junto con el Ministerio de Defensa al NYT en la se pone en duda la veracidad del artículo.
Según esa misiva, Casey sacó de contexto documentos oficiales que fueron «citados parcialmente», no identificó a los oficiales que dieron la información y no precisó las «circunstancias de modo, tiempo y lugar» en que se desarrollaron dichas entrevistas.
A raíz del escándalo, el comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, dijo que se cambiará la polémica directriz porque considera que hubo «mala interpretación» por parte de personas ajenas a la institución.
Ante esa decisión, Casey señaló en Twitter que pese a que la «directriz famosa» será cambiada, se mantienen las órdenes de «doblar los resultados» y «no exigir perfección» durante las operaciones, por lo que «las dudas se quedan».
