Poderes de Brasil forman frente común contra tecnológicas

EFE

El Gobierno, la Justicia y el Congreso de Brasil se han aliado contra las grandes empresas tecnológicas, a las que acusan de aprovecharse de su posición de poder para tumbar un proyecto de ley que combate la desinformación y endurece los controles a las redes sociales.

El asunto ha llegado a manos de la Corte Suprema, que el viernes autorizó a la Fiscalía investigar a los responsables de Google y Telegram en el país por emprender una campaña «abusiva» contra la iniciativa defendida por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

En el centro de esta batalla está el proyecto de ley de las «fake news», en los cajones del Parlamento desde 2020 y que rechazan en bloque las plataformas digitales, que alegan que se han sentido excluidas de la elaboración del texto.

¿Por qué se resucita el proyecto?

Su tramitación se retomó este año tras la asonada golpista del 8 de enero, protagonizada por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro, y la secuencia de atentados mortales en varias escuelas del país entre marzo y abril.

Las autoridades sospechan que las redes de desinformación que operan en internet jugaron un papel fundamental en el desarrollo de esos sucesos.

Contra esto, la respuesta del Parlamento, con el apoyo del presidente Lula, fue retomar el análisis del proyecto de ley, al que también se opone el exmandatario Jair Bolsonaro, quien maniobra con su partido para archivarlo bajo el pretexto de que «limita la libertad de expresión».

Las tecnológicas actúan

El nuevo impulso a la iniciativa puso en alerta a las tecnológicas, como quedó reflejado en un informe de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que apuntó indicios de que Google estaba «privilegiando» contenidos críticos al proyecto, al igual que Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp. Ambas compañías lo niegan.

El debate se caldeó por completo a partir de un artículo que Google destacó en la versión brasileña de su buscador, que afirmaba que el proyecto legislativo de las «fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil».

Un día después, el Gobierno de Lula ordenó a Google retirarlo, bajo la amenaza de fuertes sanciones económicas. Google cumplió, aunque para entonces la publicación ya había recorrido todos los rincones de internet.

Respuesta del Supremo

A la ofensiva se sumó el juez del Supremo Alexandre de Moraes con una decisión en la que ordenó interrogar a los dirigentes de Google, Meta y Spotify por su presunta participación en esa campaña negativa.

Pese a ello, las plataformas consiguieron que la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, prevista para la semana pasada, se aplazara por tiempo indeterminado.

La polémica resucitó esta semana con el disparo de otro mensaje a los usuarios de Telegram que calificaba la PL de «ataque contra la democracia» y alertaba de que su aprobación «matará el internet moderno».

La acción enfureció nuevamente al Gobierno y al Supremo, que amenazó con suspender la aplicación, si no mandaba una rectificación de inmediato. Telegram obedeció.

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Fue entonces cuando la Fiscalía, tras una denuncia del presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, solicitó investigar a los directores de Google y Telegram, ante su «sórdida campaña de desinformación, manipulación e intimidación, aprovechándose de su posición de hegemonía en el mercado».

De Moraes aceptó la petición y la investigación es una realidad.

Mientras, el pleno del Supremo tiene previsto comenzar el próximo miércoles el análisis de varios recursos relacionados con la responsabilidad de las redes sociales sobre su contenido, lo que podría enmarañar aún más el tema.

Google Brasil afirmó a EFE en una nota que «apoyan las discusiones sobre medidas para combatir el fenómeno de la desinformación», pero que «todos los brasileños tienen el derecho de formar parte de esa conversación».

Principales puntos

El proyecto transforma el papel de las plataformas y las obliga a intervenir de forma decisiva contra la desinformación, algo ya puesto en marcha en otros países.

Convierte en obligatorio la moderación de contenido en internet a fin de que sean excluidos los mensajes considerados «criminales», bajo pena de cuantiosas multas.

Las redes sociales, buscadores y aplicaciones de mensajes tendrían que analizar contenidos «ilegales», evaluar sus algoritmos, verificar la edad de sus usuarios y someterse a auditorías externas.

Asimismo, serían responsabilizadas por la divulgación de noticias falsas provenientes de cuentas robot y de los posibles daños causados por contenido patrocinado.

Otro de los puntos más polémicos del texto es la remuneración a los medios de comunicación por el uso de su contenido.

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